La mayoría de las reclamaciones se deben a que la página web en la que se solicita la cita previa les asigna una fecha posterior a la de la caducidad de su documentación, proceso que se repite al llamar al teléfono habilitado.

La FUCI afirma que los consumidores “incumplirían la obligación de obtener, portar y disponer de su documentación en regla, no por un error suyo sino por la saturación que hay en la actualidad en las oficinas de renovación de DNI y pasaporte”.

Asimismo, la organización denuncia la imposibilidad de los ciudadanos de renovar en estas fechas su documentación, a pesar de que ésta cumpla su periodo en vigencia, y solicita a la Comunidad de Madrid la habilitación de servicios especiales.

También recuerda que no llevar la documentación en regla puede suponer para el ciudadano una sanción de 300,51 euros e insta a la Administración a que dé una solución urgente a esta problemática.

“El ciudadano no sólo se expone a ser sancionado por no disponer de una documentación de imposible obtención durante todo el mes de agosto, y parte del mes de septiembre, sino que puede provocar innumerables situaciones que perjudiquen al consumidor dado que dicha documentación es indispensable para desplazarse, realizar actos notariales, adquirir productos y servicios con tarjetas bancarias...”, recalcó FUCI.