En un comunicado firmado por el presidente de la Unión Profesional de Colegios de Ingeniería, Edelmiro Rua Álvarez, se apunta que se recurrirá este real decreto.

Desde la organización denunciaron que el Gobierno "pretende vender a la opinión pública dicho real decreto como un ahorro de 815 millones de euros".

Los ingenieros señalan que "ese ahorro sería a costa de la mejora de la calidad y la seguridad de los trabajos realizados, que suponen una garantía para la sociedad en general y para el usuario final de la actividad profesional".

Así, destacan que "en la mayoría de los casos el usuario final de la actividad profesional no es el cliente y el visado lleva incluido, en su coste, un seguro de responsabilidad civil, que además de amparar al profesional, ampara también al usuario final de cualquier accidente que pueda sufrir, igual que el seguro obligatorio que mantenemos en nuestros coches".