Corcuera, que compareció ante la Comisión de Interior a petición del Partido Popular para informar sobre la eficacia de la Ley en relación de los delitos contra la libertad sexual y el tráfico de drogas, indicó que del total de registros realizados desde la entrada en vigor de la norma, el 13 de marzo de 1992, hasta el pasado 31 de enero, el 96,6 fueron con autorización del juez, mientras que tan sólo en el 3,4 la policía entr al tener conocimiento de un delito flagrante de tráfico de drogas.

Agregó que de ese porcentaje de aplicación del texto legal, tan sólo se han planteado 4 denuncias por ese motivo, de las que 3 fueron rechazadas ya que finalmente se comprobó que el registro había sido autorizado por el juez.

Corcuera explicó que, además, un total de 19.984 personas fueron identificadas en dependencias policiales en virtud del artículo 20 de esa ley, actuaciones que concluyeron con un total de 917 detenidos y proocaron 4 quejas ante el Defensor del Pueblo, 2 de las cuales están pendientes de resolución, mientras que las restantes concluyeron con un dictamen favorable a la policía.

Por consumo público de estupefacientes, las fuerzas de seguridad abrieron un total de 16.000 expedientes, de los que 6117 se resolvieron con una sanción y en medio millar más de casos finalizaron con suspensión del permiso de conducir o retirada del carné. Además, suspendieron la sanción por este motivo a otras 439 personas que acoraron someterse a un proceso de desintoxicación.

Asimismo, fueron incoados 305 expedientes contra locales por permitir el consumo de drogas en su interior, de las que 137 se resolvieron con sanciones, 19 supusieron la suspensión temporal de la licencia, 62 la suspensión cautelar o clausura preventiva y otras 3 el cierre del establecimiento.

Respecto a las infracciones en la organización de espectáculos públicos y manifestaciones, aseguró que abrieron un total de 8.349 expedientes, entre otros, 90 or sobrepasar el aforo permitido, 6.576 por infringir el horario y 3.262 por organizar manifestaciones con incomplimiento de la ley o desórdenes.

Según el ministro, la "ley Corcuera" ha servido para invertir la tendencia general de incumplimiento de la obligación de comunicar a las autoridades las manifestaciones.

Así, dijo que el pasado año fueron comunicadas el 36 por ciento, frente al 27 por ciento del año anterior. Además, también fueron comunicadas el 95 por ciento de las concentraciones en992, mientras que el año anterior no llegaron al 37 por ciento del total.

El titular de Interior volvió a defender la "ley Corcuera" ante las críticas de los partidos de la oposición, afirmando que es un instrumento útil en la lucha contra la delincuencia y en la protección de la seguridad ciudadana y que "las predicciones que existían sobre su aplicación o se han desvanecido o se están desvaneciendo".

Sin embargo, Rogelio Baón, diputado del PP, criticó la actuación de las fuerzas de seguridad repecto a la captura del presunto asesino de las niñas de Alcásser, Antonio Anglés, y se mostró sorprendido por el hecho de que durante su búsqueda fueran capturadas 120 personas con orden de búsqueda y captura. Por su parte, el diputado de IU José Luis Núñez dijo que la eficacia policial no se ha incrementado con esa ley.