Fuentes de la Cámara Alta explicaron a Servimedia que la reunión de la Comisión, que fue inicialmente convocada para el pasado martes 7 y luego aplazada primero al 14 y por fin a este miércoles 22, estudiará las candidaturas de los 20 magistrados propuestos por las respectivas asambleas autonómicas de acuerdo con la reforma de la Ley del TC aprobada en 2008.

En realidad, las propuestas presentadas por las comunidades fueron 22, pero resultaron descartadas la de Marcos Sacristán Represa, sugerido por las Cortes Castilla y León, y la de José Luis Auteneche Goeiena, impulsado por el Parlamento vasco, quienes no pudieron asistir cuando se les convocó a ser examinados en el Senado.

De la reunión debería salir la propuesta de cuatro candidatos para que luego sean votados en el Pleno, pero éstos han de obtener una mayoría favorable de tres quintos de los miembros de la Comisión, con lo que se hace necesario el acuerdo entre el Grupo Socialista y el Popular.

En caso de que no se llegara a un acuerdo sobre cuatro de los magistrados propuestos por las comunidades autónomas, las fuentes consultadas aclararon que los grupos políticos tendrían oportunidad de presentar a cuatro nuevos candidatos, y sería sobre éstos últimos sobre los que tendría que pronunciarse el Pleno. No obstante, en esta tesitura volvería a hacerse imprescindible el consenso entre los dos grupos mayoritarios.

HERNANDO Y LÓPEZ

La renovación de los cuatro miembros del TC cuyo nombramiento corresponde al Senado quedó aplazada durante meses después de que las comunidades autónomas gobernadas por el PP propusieran todas ellas los dos mismos nombres, el del ex presidente del Tribunal Supremo Francisco José Hernando y el del ex portavoz del Consejo General del Poder Judicial Enrique López.

El PSOE denunció esto como un fraude de ley, al entender que el objeto de la reforma de la ley del TC promovida por el Gobierno era abrir la composición del Alto Tribunal a la pluralidad de las comunidades autónomas. Los socialistas argüían que la iniciativa de éstas se veía coartada si la dirección nacional del PP imponía dos únicos candidatos a todas las cámaras regionales cuya mayoría controlaba.

El pasado 1 de junio, la Mesa del Senado rechazó la candidatura de López debido a que éste que no cumplía el requisito de llevar 15 años en la profesión que se exige para llegar a ser vocal del Constitucional. Por el mismo motivo, rechazó también la del magistrado Juan Carlos Campo, propuesto por el Parlamento de Andalucía.

Por fin, el 6 de julio, la Mesa desestimó también el recurso que presentó López contra la anulación de su candidatura, alegando que debían computarle también los años en que fue portavoz del CGPJ. La Mesa entendió que dicho desempeño "no es asimilable en modo alguno a la situación de servicio activo".

Sin embargo, el Partido Popular insiste en mantener la candidatura de López, y el desencuentro entre el PSOE y el PP a la hora de llegar al consenso necesario para renovar el TC ha vuelto a ser escenificado en la primera quincena de septiembre por sus respectivos portavoces en el Congreso de los Diputados, José Antonio Alonso y Soraya Sáenz de Santamaría, con declaraciones cruzadas acusando al partido rival del bloqueo del proceso.

También la Cámara Baja tendrá que iniciar pronto el proceso de renovación de los cuatro miembros del TC cuya designación le corresponde a ella, dado que su mandato expira el próximo mes de noviembre. De los cuatro, Roberto García-Calvo, nombrado a iniciativa del PP, falleció en mayo de 2008, pero su plaza no ha sido repuesta, lo que ha enconado aún más los ánimos en esta polémica.