En un comunicado conjunto, los sindicatos coinciden en rechazar el texto de los Presupuestos Generales del Estado por considerarlo "regresivo y no ajustarse a las necesidades reales que demanda un desempleo creciente y que ya ha visto recortadas sus prestaciones".

"En el acuerdo logrado ayer, se contempla la cesión de las políticas activas al País Vasco, además de la intermediación laboral, la Formación Profesional, la Inspección Laboral, el Instituto Social de la Marina y no queda aún claro si también el Fogasa", explican.

En cuanto al recorte del gasto del Servicio Público de Empleo en más de 677 millones de euros (-1,74%), CCOO y UGT subrayan que esta disminución afecta a todas las partidas de carácter finalista y, por lo tanto, al gasto en protección social, y a los programas referidos a políticas de empleo y formación.

Los sindicatos dicen no entender cómo el Gobierno puede sostener la potenciación y modernización de los Servicios Públicos de Empleo y la mejora de la ocupabilidad de los desempleados y de su formación, "cuando se disminuye la inversión a realizar en estos programas y, como hemos señalado anteriormente, ante un aumento permanente del número de desempleados".