Con estos recursos se solicita al Juzgado que “suspenda cautelarmente” los servicios mínimos de estas dos administraciones. No obstante, Prieto reconoció la dificultad de que su petición se produzca por el escaso tiempo con el que cuentan los miembros del tribunal para estudiar los recursos.

Según denunció, la Junta realizó “una jugada premeditada” al no publicar el decreto de servicios mínimos al día siguiente de su aprobación en el Consejo de Gobierno.

Prieto explicó que al no haberlo publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) hasta ayer, UGT no ha podido presentar los recursos hasta el día de hoy. Si hubiera sido el viernes, habría habido más posibilidades de que la justicia tuviera tiempo suficiente de dictar la suspensión. La Junta, añadió, ha actuado con “una premeditación muy estudiada”, recalcó el líder de UGT en la Comunidad.

En concreto, los recursos presentados hoy van contra los servicios mínimos del Ayuntamiento de Valladolid, sobre todo los establecidos en Auvasa y en las grúas municipales; así como los servicios esenciales establecidos por la Junta y por las empresas que trabajan para ella como las de transporte escolar, por ejemplo.

El secretario regional de UGT subrayó que con este acto, escenificado hoy en la Audiencia de Valladolid, se colocan “las cosas en su justo término” y confió en que desde los juzgados se actúe “rápido” y se evite así que se conculque el derecho a huelga.

Además, señaló que los servicios jurídicos del sindicato continúan estudiando las posibilidades de presentar un recurso por la vía penal puesto que puede haber delito por parte de la Administración.

Respecto a los piquetes, Prieto señaló que en ellos participarán entre 1.500 y 2.000 personas de CCOO y UGT para garantizar que “todo trabajador que quiera hacer la huelga rompa con la presión” porque, aseveró, en las grandes empresas el sistema parará porque se han pactado los servicios mínimos y de ellos se responsabilizarán.

De los que no se responsabilizarán, indicó, serán de aquellos que no han sido firmados y, por lo tanto, desde UGT “no se garantiza su cumplimiento”. “Quien hace los servicios mínimos tendrá que responsabilizarse”, reiteró.