El escrito, al que tuvo acceso Servimedia, insiste en que la investigación no puede abarcar todos los ámbitos de la vida del exministro sin justificación y recuerda que las pesquisas que se desarrollan en el Tribunal Supremo están “totalmente acotadas” a las compras de mascarillas realizadas en pandemia.

Su defensa defiende que todos los datos recabados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil debió someterse a “un expurgo previo” a su entrega al juez , con el objetivo de “evitar daños personales y familiares”.

El escrito menciona las imágenes del terreno que Ábalos compró en Tulua (Colombia) y el “error” cometido por los investigadores al confundir la moneda local con dólares y valorar en más de dos millones de euros una propiedad que costó 751 euros. Sobre este particular, la defensa del exministro prefiere, dice, “no hacer valoraciones”.

Insiste su abogado en que los datos de ese informe de la UCO aportan “una información que nada tiene que ver con la investigación que se está llevando a cabo, sobre todo en los períodos de tiempo a los que se hace referencia”, es decir, entre 2003 y 2013, fechas en las que se sucedieron en España gobiernos de partidos diferentes.

Señala también que hay errores en el citado informe y señala, en concreto, los datos sobre el centro de formación de Perú cuya propiedad se le atribuye y que, según dice, no es suyo, y para demostrarlo aporta la renuncia como patrono de la fundación Fiadelso, que lo gestionaba.

Entre la documentación que aporta, figura el contrato de Koldo García con el PSOE que demostraría que la relación laboral con el partido comenzó en 2017 en calidad de conductor. Ábalos se distancia así del que fuera su asesor, una vez que la UCO encontrara evidencias de que gestionaba sus gastos y los de su familia y parejas.