A través de un comunicado, el Consejo señala que el propio Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ya contaba con esta colaboración de los profesionales de la abogacía especializados, los cuales "desempeñan un papel esencial en el asesoramiento jurídico y en la correcta tramitación de los expedientes”.

“Estos profesionales podrán acompañar a las personas solicitantes a lo largo de todo el proceso y actuar, en su caso, como sus representantes, papel que también realizarán graduados sociales y gestores administrativos”, añade.

Asimismo, también pone de relieve que el departamento que dirige la también portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha confirmado que se desarrollarán sesiones técnicas en colaboración con la Abogacía Española, "reforzando así la coordinación institucional y el rigor jurídico en la aplicación de este procedimiento", que se estima afectará a más de medio millón de extranjeros. Al respecto, el presidente del Consejo, Salvador González, también enfatizó que la Abogacía es un "colaborador indispensable del proceso".

Según recalca la Abogacía Española, llevan ya tiempo implicada en este ámbito y "ha intensificado su colaboración" con el ministerio a través de distintas reuniones. Los dos encuentros, celebrados en marzo, se centraron en "mejorar la cooperación en materia de Extranjería, garantizar los derechos de las personas migrantes y reivindicar el papel de profesionales cualificados como garantía de seguridad jurídica en el proceso de regularización", explicaron.

En dichos encuentros participaron distintos miembros de la Abogacía Española, como su presidente; la vicepresidenta primera, Cristina Vallejo, y el presidente de su Subcomisión de Extranjería, Blas Jesús Imbroda. En ellas se puso en valor la "amplia red de abogados especializados en Extranjería y protección internacional", así como los servicios de asistencia jurídica gratuita que prestan los colegios profesionales, "claves para garantizar el acceso a una defensa de calidad". Asimismo, se insistió en la necesidad de "evitar interpretaciones erróneas de la normativa" y de "prevenir asesoramientos inadecuados para combatir el intrusismo profesional y las prácticas engañosas" que puedan perjudicar a los solicitantes.

Desde la Abogacía Española subrayan también la importancia de que las administraciones públicas "refuercen los mecanismos de asistencia jurídica", con el asesoramiento de abogados especializados en la materia, para "evitar situaciones de indefensión y reforzar la confianza en las instituciones".

Entre los principales requisitos exigidos a los extranjeros para acceder a la regularización destacan el haber llegado a España antes del 1 de enero de 2026, acreditar cinco meses de permanencia continuada en el país y no tener antecedentes penales. Para la acreditación de este último punto, los solicitantes no podrán hacer una declaración responsable para ello, pero si el solicitante acredita que no ha recibido contestación por el país tercero, será directamente el Gobierno el que lo solicite.

En este proceso quedarán fuera las personas apátridas, muchos de ellos saharauis, tal y como recomendó el Consejo de Estado en su dictamen sobre el texto. Además, se podrán presentar pasaportes caducados para los trámites del proceso y la norma flexibilizará requisitos para poder regularizar a los menores acompañados por sus progenitores. Asimismo, los solicitantes tendrán autorización provisional de trabajo desde la admisión a trámite, y habrá compatibilidad temporal entre la solicitud de regularización y la Protección Internacional.