En declaraciones a Servimedia, Jorge Manrique explicó que la responsabilidad de sus clientes se limitaba a cumplir la pena en prisión, mientras que el Estado fue declarado responsable civil subsidiario en cuanto al eventual pago de indemnizaciones, ya que a Amedo y Domínguez se les declaró insolventes.

El letrado subrayó que, tras los pagos efectuados por el Estado, la deuda con las víctimas del GAL está saldada. Agregó que el Estado no tiene "ningún derecho a repercutir ni un sólo duro" sobr Amedo y Domínguez ahora que ambos tienen trabajo, puesto la obligación subsidiaria de la Administración de hacer frente a los pagos fue impuesta por sentencia judicial.

Según publicó ayer domingo el diario "El País", el Estado ha pagado seis millones y medio de pesetas a cinco de los heridos en dos atentados de los GAL, inducidos por los ex policías Amedo y Domínguez, contra dos bares situados en las localidades francesas de Bayona y San Juan de Luz.

Se trata de las únicas víctimas del terrorism, añade este diario, que han cobrado las indemnizaciones fijadas en una sentencia judicial. El pago se realizó en abril de 1994 e incluyó los intereses.

Las indemnizaciones fueron pagadas a los heridos en los atentados de los bares Batzoki y La Consolation. Sus perceptores fueron Carmen Martínez Aguirre y la niña de cuatro años Nagore Otaegui, viuda e hija respectivamente del presunto etarra Juan María Otaegui; la niña Ainhice Zabaleta, hija del etarra Juan Luis Zabaleta Elósegui, cuya indemnización h quedado retenida; el francés José Cau; y Juan Ramón Basáñez.