Drapper se sienta desde ayer en el banquillo de los acusados junto a otro funcionario, el dueño de una gestoría de Málaga y su empleado, acusado de falsificar una cantidad intedeterminada de permisos de trabajo para ciudadanos extranjeros entre 1986 y 1989, por lo que pudo haber obtenido unos 20 millones de pesetas y varios regalos.

Durante la primera jornada de la vista oral, celebrada ayer, los inspectores del Ministerio de Trabajo cifraron en unos 5.000 el número de expedientes irregulars tramitados por Drapper, quien a lo largo del juicio ha negado su implicación en los hechos.

Su sucesor al frente de la Dirección Provincial, Juan Delgado Bonilla, declaró hoy como testigo y dijo que fue él quien descubrió estas irregularidades y las puso en conocimiento del entonces gobernador civil de la provincia, Francisco Rodríguez Caracuel, iniciándose así la investigación.

Entre los citados a declarar destaca también la presencia del anterior gobernador civil de Málaga y Cádiz, Plácido Code, quien aseguró que mantuvo "una reunión semanal con Drapper", sin que advirtiera irregularidad alguna "ni escuché rumores al respecto".

La vista oral, que pudo haber quedado finalizada hoy, fue suspendida al filo de las tres y media de la tarde a solicitud de los defensores de los procesados, como consecuencia de la elevación de la pena solicitada por el abogado del Estado, que actúa en condición de acusación particular. Este aumento de la condena se fundamenta en los delitos de falsificación y malersación de caudales públicos.

Por su parte, la Fiscalía ha solicitado una condena de 6 años de prisión menor y 12 de inhabilitación para Drapper, por delito de falsificación, y 12 de inhabilitación especial por cohecho, manteniendo sus conclusiones iniciales para el resto de los procesados.