La representación legal del Estado hace esta argumentación en el recurso que ha presentado esta mañana en el Tribunal Constitucional, en el que se pide la suspensión de la ley queel Parlamento vasco aprobó el 27 de junio sobre la consulta popular.

En un escrito de 31 folios, la Abogacía del Estado considera que Ibarretxe lo que realmente está planteando es un "referéndum consultivo", algo para lo que no tiene competencia, por lo que pide la suspensión de la ley en la que se basa la consulta que el lehendakari quiere celebrar el 25 de octubre.

Al mismo tiempo, debido a que la norma aprobada por el Parlamento vasco establece un "calendario" electoral inminente, se pide al Constitucional que los magistrados trabajen en agosto para tener una resolución antes del 15 de septiembre.

"TRES VICIOS"

El 15 de septiembre es cuando, según la ley promovida por Ibarretxe, deben empezar los trámites previos de la consulta, en concreto se debería iniciar el plazo para que los vascos pudieran votar por correo en la consulta del 25 de octubre.

Sobre el fondo de la cuestión, la Abogacía del Estado entiende que en la ley del Parlamento vasco que convoca la consulta existen "tres vicios" legales que deben llevar a su anulación por parte del Constitucional. Estos vicios son "de incompetencia del legislador vasco", "de procedimiento" y de "inconstitucionalidad material".

A este respecto, la representación legal del Estado sostiene que la ley impugnada "es, con toda claridad, un referéndum consultivo" y no una consulta popular, por lo que el Gobierno vasco está incurriendo en un motivo de falta de competencia.

Al mismo tiempo, se sostiene que Ibarretxe pretende preguntar a los vascos sobre "cuestiones de especial trascendencia política" y de "importancia nacional", como son el final dialogado de ETA o el llamado "derecho a decidir del pueblo vasco".

"CIRCUNSTANCIA EXTRAORDINARIA"

En este sentido, el recurso recalca que "el referéndum consultivo -como el organizado por la ley objeto de este proceso constitucional- carece de eficacia jurídica vinculante en el sentido que pueden tenerla los referendos de reforma constitucional o los de iniciativa, aprobación y reforma de estatutos" de comunidades autónomas.

Según el abogado del Estado, en esto incide el hecho de que Ibarretxe pretende preguntar sobre cuestiones de "especial transcendencia", como es el "el final de la violencia y la normalización política".

A este respecto, en el recurso se asegura que el concepto de "normalización política" es "un eufemismo que oculta el reconocimiento del derecho de autodeterminación política ("derecho a decidir") del sujeto denominado 'Pueblo Vasco', aunque ejercitado sólo por una fracción de ése (el pueblo de la Comunidad Autónoma del País Vasco), con el fin de lograr una "nueva relación" con el Estado español".