La sentencia se espera para la primavera de 2026, cuando el TJUE dictará si la jurisprudencia del Tribunal Supremo acerca de rechazar la conversión en fijo de los interinos de la Administración es contraria a la Directiva europea sobre el trabajo temporal.

La doctrina del Supremo establece que el acceso al empleo público en España se basa en los principios de igualdad, mérito y capacidad, por tanto, a través de las oposiciones, mientras que el Derecho comunitario pide sancionar a los estados por los abusos derivados de una elevada contratación temporal sucesiva.

El Supremo elevó esa cuestión prejudicial al TJUE en 2024, para preguntar si los principios de acceso a la Función Pública en España son contrarios a la Directiva, que contempla que se debe hacer fijos a los trabajadores que encadenen más de dos años de contratos temporales.

El TJUE ya falló en dos ocasiones que se debe hacer fijos a los interinos como forma de sancionar a la Administración por el uso abusivo de la temporalidad.

Las conclusiones que publique este jueves el Abogado General no serán vinculantes, pero indicarán “por dónde puede ir” la futura sentencia, como apuntó la secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, en declaraciones a Servimedia. En la misma línea, CCOO expresó en un comunicado que se esperan unas “conclusiones muy posiblemente demoledoras para España”.

Al margen de lo que se conozca este jueves y de la sentencia que se espera para 2026, UGT, CCOO y también CSIF llevan tiempo denunciando que el abuso de la temporalidad es uno de los problemas de la Función Pública.

“Esto es responsabilidad de las Administraciones Públicas que están incumpliendo la norma. La tasa de temporalidad sigue estando por encima del 30% cuando la ley y las exigencias de Bruselas marcan el 8%”, avisaron fuentes de CSIF consultadas por Servimedia.

Para Araque, de UGT, la solución a la elevada temporalidad en el empleo público pasa por “no dilatar los procesos de acceso” y conseguir que sea “más rápido y ágil”, como ya se hace en la docencia o en el MIR.

UGT también abogó por avanzar en cuestiones pendientes, como la jubilación anticipada del personal laboral o la eliminación de la tasa de reposición. Esta última es una reivindicación que comparte CSIF, “para que las distintas Administraciones puedan ofertar todas las plazas necesarias para la prestación de los servicios públicos”.

El exministro de Función Pública José Luis Escrivá, ahora gobernador del Banco de España, se comprometió a eliminar la tasa de reposición, si bien todavía no se ha producido.

CSIF también reclamó la convocatoria de todas las plazas que se encuentran cubiertas de forma temporal y agilizar los procesos selectivos para que se ejecuten en el plazo máximo de tres años.

“Hay que fijar sanciones ejemplares en el ámbito disciplinario, tanto de responsabilidad civil o incluso penal, para los gestores que incumplan y abusen de la temporalidad”, insistieron desde el sindicato.

En lo que respecta a la estabilización de los interinos, CCOO manifestó en su comunicado que “apoya la lucha” y precisó que cualquier solución que se tome debe “respetar el marco constitucional de acceso al empleo público, entre otras cosas, porque es lo que da seguridad jurídica a la solución de estabilización, como viene marcando la jurisprudencia nacional”.

Fuentes de Función Pública consultadas por Servimedia evitaron pronunciarse antes de conocer las conclusiones del Abogado General y recordaron que hay que esperar hasta la sentencia de 2026.

NUEVO ACUERDO MARCO

Los sindicatos llevan tiempo reclamando una nueva mesa con el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Publica para abordar las cuestiones pendientes del Acuerdo Marco para la Administración del Siglo XXI, que abarcaba de 2022 a 2024, y empezar a negociar el siguiente.

CSIF denunció que el titular de la cartera, Óscar López, es “incapaz de sentarse a negociar”, aunque se le ha exigido “por activa y por pasiva”, y avisaron de que se movilizarán “en breve” si no hay acercamiento por parte del Ministerio.

En UGT también apremian a López a cerrar los flecos del primer Acuerdo y empezar a negociar el segundo para tratar, entre otras cuestiones, la subida salarial de los empleados públicos.

El ministro advirtió hace unos días de que los aumentos retributivos de los trabajadores públicos irán ligados a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026. No obstante, fuentes gubernamentales son conscientes de las dificultades para sacar adelante las cuentas públicas del próximo año y no descartan empezar el siguiente ejercicio con una nueva prórroga presupuestaria.

Los sindicatos se oponen a esa vinculación de la subida salarial a los presupuestos ya que, a su juicio, “no existe necesidad” de tener PGE para incrementar los sueldos.

Araque precisó que, en este momento, “España va a todo gas”, por lo que no existen problemas económicos para mejorar las retribuciones. Además, no sería la primera vez que se producen aumentos sin presupuestos, y puso como ejemplo el caso del Ministerio de Defensa de hace unos meses. Por último, también señaló que se pueden hacer traspasos en las cuentas para garantizar las revisiones salariales.

“No compartimos que se tenga que vincular el acuerdo a los presupuestos”, recalcó en declaraciones a Servimedia.

Fuentes de Función Pública se remitieron a las declaraciones de López y señalaron que las retribuciones estarán vinculadas a los presupuestos. También garantizaron que están en permanente contacto con los sindicatos y no dejan de producirse reuniones entre ambas partes.