El Supremo inicia este jueves la última sesión prevista del juicio contra Álvaro García Ortiz. La jornada comenzó con las conclusiones de Gabriel Rodríguez Ramos, abogado de Alberto González Amador, que tuvo casi una hora de intervención, muy por encima de los 45 minutos que el tribunal ha establecido para las acusaciones, mientras que la defensa dispondrá del tiempo que sea necesario para exponer sus argumentos.

Los periodistas que han testificado en el juicio y que han asegurado que García Ortiz no fue su fuente han sido uno de los objetivos del abogado de González Amador. Para desmontar sus testimonios, aseguró que los informadores se pueden acoger "al secreto de las fuentes", por lo que se deben "tomar cautelas con lo que dicen",

Insistió en que los periodistas "no son testigos normales" porque podrían tener "connivencia” con el acusado “al haberse beneficiado de posibles filtraciones" y, en cualquier caso, "son personas que no están obligadas a responder la verdad". El abogado asevero que el fiscal general fue la fuente de la Cadena Ser y puso en duda la veracidad de la declaración de Miguel Ángel Campos y la del periodista José Precedo, de elDiario.es.

A su juicio, no existe un solo elemento objetivo más allá de la declaración de Miguel Ángel Campos que sustente su afirmación de que García Ortiz no es su fuente. Acusó al periodista de mentir en fase de instrucción cuando dijo que no se había comunicado con Álvaro García Ortiz, a pesar de que después reconoció que le llamó sin éxito. Sobre Precedo dijo que no tenía el correo.

El letrado del empresario insistió en que el fiscal general del Estado fue la fuente que informó a la Cadena Ser. “Ni Álvaro García Ortiz, ni Miguel Ángel Campos ni Mar Hedo han querido compartir con esta sala las comunicaciones de WhatsApp, Signal, email u otras plataformas que tuvieran entre ellos esa noche. O más sencillo, las que no tuvieran”, insinuando que deberían demostrar la inocencia del acusado, cuando el proceso judicial establece que son las acusaciones las que tienen que demostrar su culpabilidad.

En esa línea, se preguntó: “¿Habría habido algún problema en que las mostraran? ¿Qué problema sería para el secreto profesional que Miguel Ángel Campos enseñara sus chats con García Ortiz y con Mar Hedo? Mostrar que no ha habido comunicaciones, que no son su fuente. No hay ningún compromiso con su fuente salvo que sea su fuente”.

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

El abogado González Amador aseguró además que se ha arrasado el derecho de defensa y la presunción de inocencia de González Amador. “Ese relato de confesión y culpabilidad" de la Fiscalía, "apuntalado día a día por el Gobierno", dijo, destrozó el derecho a la intimidad de su cliente, a la protección de sus datos, a la presunción de inocencia y su derecho a la defensa.

Tal y como ya dijo el propio empresario en su declaración estos hechos le acarrearon muchos problemas personales y profesionales, además de cercenar sus opciones de defensa en los procedimientos que tiene abiertos porque ya se ha dictado "una sentencia popular de delincuente confeso", que se está "ejecutando" desde al política "diariamente".

El abogado añadió que no tenía sentido filtrar los correos intercambiados entre el abogado del empresario y el fiscal que le investigaba por delito fiscal si se iba a hacer una nota de prensa, salvo para el fiscal general que pretendía imponer ese "relato institucional de confesión y culpabilidad".

En su informe final, el abogado de Alberto González Amador, consideró “clave” que Pilar Rodríguez, la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, enviase los correos intercambiados entre la defensa de González Amador y el fiscal del caso Julián Salto. En ese punto destacó que Rodríguez no preguntó a su superiora directa la fiscal jefe de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, a qué correo se los enviaba, mientras que al fiscal general sí se lo preguntó para después enviar la información a su correo personal lo que hace que esos correos salgan “del circuito de trazabilidad del ministerio fiscal”.

Además, esgrimió la declaración de Lastra en el juicio para justificar sus acusaciones contra el fiscal general y afirmar que García Ortiz le “ocultó” su actuación. Insistió también en que la Fiscalía “nunca ha impulsado” una investigación interna sobra la filtración “porque ellos eran los autores” pese a que la fiscal jefa de Inspección Fiscal aseguró ante el tribunal que se abrieron dos expedientes internos, que quedaron en suspenso a partir del momento en que se abrió el procedimiento penal.

El letrado insistió en numerosas ocasiones a lo largo de su alegado en que el fiscal general y su círculo más cercano fueron “los autores” de la filtración y apoyó en esta afirmación en que "ha borrado todos sus mensajes" y "cambió de móvil".