Así lo denunció este lunes la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales en un comunicado en el que precisó que en 2025 el Gobierno de España aportó un 27,4% de la financiación de la dependencia y que 13.734 millones de euros fue la inversión pública en Atención a la Dependencia en el año 2025.

De ellos, las comunidades autónomas financiaron, como media, el 72,6%, con 9.976 millones de euros (6,5% más que en 2024) y la aportación estatal fue el 27,4%, con 3.758 millones de euros (un 8% más).

Las comunidades que menos porcentaje aportaron en Dependencia son La Rioja (59,8%), Castilla y León (63,3%), Andalucía (66%) y Galicia (67,1%). Las que más aportan son País Vasco (85,3%), Navarra (81,4%) y Baleares (81,3%).

Tras puntualizar que la Administración General del Estado incrementó en 185 millones de euros su gasto en dependencia “debido a su obligación de soportar el nivel mínimo de financiación correspondiente a las personas beneficiarias de la ley, al haberse incrementado el número de personas atendidas”, la asociación mencionó también el aumento de 500 millones fruto de la ley ELA.

“Seguimos reclamando que la AGE tiene que aumentar la financiación al menos en mil millones cada año para que se reduzcan la lista de espera y se incrementen las cuantías de las prestaciones y las intensidades de los servicios, además de permitir compatibilidades”, abundó.

Por regiones, las comunidades que más invirtieron en dependencia por persona potencialmente dependiente en 2025 son, según los cálculos de la asociación, País Vasco (3.102 euros), Extremadura (2.757), Baleares (2.632) y Navarra (2.578), mientras a la cola se encuentran Galicia (1.490), Canarias (1.492) y Murcia (1.751).

En total, 8.417 euros fue el gasto anual medio por persona beneficiaria, de los cuales la AGE aportó 2.306 en concepto de nivel mínimo de protección y las comunidades autónomas 6.111. La comunidad que destinó mayor cantidad económica por persona beneficiaria fue el País Vasco con 14.384 euros anuales. Esta cantidad duplica el gasto de la comunidad que menos invirtió, que fue Aragón con 7.159 anuales.

En 2026, Cataluña, Comunidad Valenciana, Asturias, Extremadura, Cantabria, La Rioja, Aragón y Madrid verán “reducida” su financiación por su “mala gestión al no cumplir con los objetivos de mejora de la atención vinculada a la financiación acordada”, según la asociación.

Las comunidades que más invirtieron en dependencia por habitante en 2025 son País Vasco (479,8 euros), Extremadura (411,3) y Castilla y León (388), mientras a la cola se encuentran Canarias (178,8), Murcia (225,8) y Cataluña (247,3).

“Pocos asuntos de Estado alcanzan tanto consenso y son de tanta urgencia social como la atención a las personas en situación de dependencia”, advirtió la asociación.

Sin embargo, a su juicio, “después de casi 20 años la dependencia es un derecho pendiente”. “En 2006 se aprobaba la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia y casi 20 años después, a pesar del avance que ha supuesto esta ley, una de las políticas de Estado de mayor consenso, su potencial sigue sin desarrollar”, criticó