Según la federación, "una vez más se considera la interrupción voluntaria del embarazo como un delito, en lugar de lo que es: un problema social grave para el que se necesta una solución".

Asimismo, muestra su temor ante la posibilidad de que este tipo de sentencias pueda provocar que los facultativos se nieguen a facilitar asistencia a las mujeres que requieran su asistencia, promoviendo el aborto clandestino "o la clásica solución de acudir a otros países"

Para Mujeres Progresistas, estas sentencias ponen de manifiesto "la corta visión de determinados jueces que pretenden solucionar con la cárcel la falta de una ley de aborto coherente y que contemple todos los upuestos que estamos reclamando las mujeres".