De esta forma, el Pleno dio su visto bueno a la aprobación definitiva de la proposición de Ley de modificación del Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, para regular y establecer la accesibilidad cognitiva y sus condiciones de exigencia y aplicación. Tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) entrará en vigor.

La iniciativa, respaldada de forma unánime tanto en el Congreso como en el Senado, volvía a la Cámara Baja para que esta ratificase las enmiendas introducidas a su paso por el Senado. Una delegación formada por miembros del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Plena inclusión España, Fedace y otras entidades del sector asistieron al debate y votación del Pleno.

La proposición de ley reconoce la accesibilidad cognitiva dentro del marco general de la accesibilidad universal; establece los pictogramas y la lectura fácil como apoyos complementarios; determina los ámbitos, condiciones y plazos en los que será exigible esta accesibilidad; prevé la creación del Centro de Referencia Estatal de Accesibilidad Cognitiva, y contempla un plazo de tres años para que el Gobierno apruebe el desarrollo reglamentario que garantice este derecho, tras la realización de los estudios pertinentes.

Promovida por el Cermi, inició su tramitación hace casi dos años en el Senado, impulsada por Ciudadanos. Tras su toma en consideración en la Cámara Alta en junio de 2020, la proposición pasó al Congreso de los Diputados, donde estuvo bloqueada varios meses hasta que finalmente salió adelante por consenso, tras incorporar varias enmiendas transaccionales promovidas por el PSOE y Unidas Podemos.

De vuelta en el Senado, el informe elaborado por la ponencia incluyó varias enmiendas para recoger en el preámbulo una definición de accesibilidad cognitiva y de lo que se entiende por lectura fácil; la aprobación del segundo Plan Nacional de Accesibilidad, dirigido a que todas las administraciones “acometan de forma paulatina la transformación de sus productos y servicios" que garanticen que son 100% accesibles a todas las personas con discapacidad, y ciertas modificaciones referidas a las competencias autonómicas.

Otra enmienda fue incluida a su paso por el Pleno acordada entre PSOE, PP, Grupo Democrático, Grupo Nacionalista y la Izquierda Confederal, para exigir a las administraciones “un especial cuidado” en la redacción y presentación de los documentos oficiales de cara a su comprensión, “sobre todo en aquellos referidos a la concesión de prestaciones sociales”.

Todas estas modificaciones fueron respaldadas hoy por el Pleno del Congreso, en general, por una amplia mayoría. Las referidas al preámbulo y al artículo único para la incorporación de la definición de accesibilidad cognitiva contaron con 290 votos favorables y con 52 abstenciones, mientras que la enmienda sobre las administraciones públicas al artículo único obtuvo 342 apoyos. En cuanto a las que impulsó el PNV sobre el reparto de competencias, salieron adelante con 201 votos a favor y 89 en contra.