Según manifestó la organización a través de un comunicado, Malí atraviesa una crisis humanitaria estructural marcada, además de por la citada inseguridad alimentaria, por el desplazamiento forzoso de más de 402.000 personas, y un impacto especialmente grave en la infancia y en mujeres embarazadas o lactantes, con altos niveles de malnutrición severa.

La responsable regional de Acción contra el Hambre, Paloma Martín, reivindicó que la “respuesta humanitaria no puede detenerse” y tras los recientes incidentes armados registrados en varias zonas de Malí, que reflejan un contexto de seguridad “volátil y cambiante”, Acción contra el Hambre también reafirmó su “determinación de continuar con su respuesta humanitaria en el país”.

La organización está ajustando de “manera limitada y proporcionada” la presencia de parte de su personal y el ritmo de algunas actividades. Martín sostuvo que la situación en Malí sigue siendo “extremadamente compleja” para millones de personas que ya vivían en condiciones “muy frágiles”.

Además, actualmente, su prioridad es “salvaguardar a los equipos sin perder de vista a las comunidades, que siguen necesitando apoyo humanitario urgente”.

Así pues, la organización está “monitorizando de forma constante” la evolución de la situación para poder “asegurar la continuidad” de la asistencia a las poblaciones en la mayor medida posible, adaptando sus intervenciones al contexto actual.

Acción contra el Hambre recordó que, solo en el pasado año, atendió a más de 1,5 millones de personas, priorizando intervenciones de salud y nutrición, agua y saneamiento, seguridad alimentaria y medios de vida, incluso en áreas de difícil acceso.