Esta fue una de las conclusiones que se subrayaron durante el segundo día de la jornada del I Congreso Nacional sobre Políticas Públicas de Discapacidad, organizado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CermiI) y Cermi CV, en colaboración con la Diputación de Alicante y la Generalitat Valenciana, en el Museo Arqueológico de Alicante MARQ.

El conversatorio, moderado por vicepresidenta del Cermi CV, Marian Ferrús Pérez, contó con la participación de Laura Soler Azorín, diputada en las Cortes Valencianas; Enrique Llin, secretario general del Cermi CV y presidente del Consejo Territorial de la ONCE en la Comunidad Valenciana; la vicepresidenta del Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe), Fide Mirón; y Elena Albert Romero, directora general de Diversidad Funcional y Salud Mental de la Generalitat.

Además, se presentaron cuatro comunicaciones. La primera dio a conocer un proyecto de creación de una bandera que represente a la discapacidad y el proyecto de becas Vives, una iniciativa equivalente al Erasmus para que las personas con discapacidad puedan tener la experiencia de intercambio con sus equivalentes en otros países.

'Proyecto de participación de la asociación de hemofilia de la Comunidad Valenciana', 'Justicia terapéutica y discapacidad adaptaciones de ajustes de procedimientos para el acceso a la justicia', 'Apuesta de la ciudad de valencia por los derechos de las personas con discapacidad', son los títulos de algunas de las comunicaciones presentadas durante este segundo día de jornada del Congreso.

DESARROLLO SEGUNDO DÍA DE JORNADA

A lo largo de la segunda jornada del Congreso tuvieron lugar ponencias como la del doctor en derecho y profesor titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Miguel Hernández de Elche y Patrono de la Fundación Derecho y Discapacidad, Antonio Luis Martínez-Pujalte López, centrada en la alineación de las políticas públicas de discapacidad con los mandatos de derechos humanos y la condicionalidad de la Convención de la ONU de 2006; y la de la Fiscal de Sala Coordinadora de los Servicios Especializados de Atención a Personas con Discapacidad y Mayores, María José Segarra Crespo, quien analizó el Ministerio Fiscal y sus funciones de defensa de los derechos de las personas con discapacidad y su repercusión en el control de las políticas públicas.

Además, tuvo lugar un conversatorio sobre el diálogo civil como palanca de las políticas públicas de discapacidad, moderado por Amalia Diéguez Ramírez, miembro de Cermi CV y patrona de Cermi Mujeres. En este conversatorio intervinieron Daniel Aníbal García Diego, de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe); Jaime Alejandre Martínez, exdirector general de Coordinación de Políticas Sectoriales de Discapacidad; María Luz Sanz Escudero, presidenta del Cermi Navarra; Mariano Casado Sierra, presidente de Plena Inclusión Madrid; y Carolina Galiana Sanchís, presidenta de la Federación de Personas Sordas de la Comunidad Valenciana (Fesord CV).

Todos los ponentes coincidieron en la importancia de contar con elementos facilitadores del diálogo como bases jurídicas sólidas que apoyen las reivindicaciones, procurar que el dialogo esté en la agenda política de forma permanente, generar espacios de confianza y transparencia, entre otros.

Además, destacaron que en todos los territorios debe existir un diálogo civil y, para ello, pusieron el foco en la necesidad de fortalecer a las autonomías desde el ámbito estatal para que el diálogo a nivel local tenga el impacto y la relevancia necesaria. “Tenemos que ser una sociedad civil activa y comprometida”, concluyeron.