Fruto de la abstención de Podemos, los votos favorables fueron 174 mientras que los votos en contra se quedaron en 170, en lugar de haberse producido un empate con los 4 votos de la formación que no hubiera permitido su aprobación. Faltaron dos diputados, Guillermo Mariscal, del PP, que está en luna de miel, y Miguel Legarda, del PNV.

El acuerdo tiene relación con la ampliación del aeropuerto de El Prat. En concreto, el Ministerio de Transportes se compromete a establecer una vía específica para que el proyecto se evalúe con carácter vinculante sobre su grado de ajuste en emisiones de gases invernadero a los objetivos de descarbonización que determina el FITFOR55, así como las determinaciones recogidas en la Ley de Movilidad Sostenible para el transporte en general y el transporte aéreo en particular.

Durante el debate parlamentario, el diputado de Podemos Javier Sánchez Serna reiteró su rechazo a la ley porque “se están promoviendo megaproyectos que aumentan las emisiones” por la ampliación del aeropuerto de El Prat y del puerto de Valencia y avisó de que, “para que Podemos hoy no tumbe una ley insuficiente e inútil”, exige “un compromiso claro y por escrito” de que no habrá ampliación del Prat.

El departamento dirigido por Óscar Puente se compromete también a que se someterá en todo caso a un proceso especialmente intenso de información pública y consultas con los diferentes organismos y administraciones territoriales para favorecer la participación y la transparencia.

Asimismo, asegura que el Plan Director se someterá a una Evaluación Ambiental Estratégica, para analizar si se han tenido en cuenta todas las consideraciones ambientales que permitirán conciliar adecuadamente el desarrollo de la infraestructura con la protección y conservación del medioambiente, teniendo en cuenta que como es previsible una afección a un espacio que forma parte de la Red Natura (Laguna Ricarda), deberá tener la conformidad de la propia Comisión Europea.

De esta manera, de acuerdo con las previsiones temporales y las disposiciones legales de elaboración de los documentos de regulación aeroportuaria, la ejecución material de la ampliación no se realizará en el DORA III, que concluye en 2031, salvo las actuaciones de naturaleza ambiental o de naturalización. A Podemos, Alberto Ibáñez de Sumar le respondió tajante que “no va a haber esta legislatura ni ampliación del puerto de Valencia ni del aeropuerto del Prat” y le pidió “calma”. “Yo estoy de acuerdo con Podemos en que hay que ir con cuidadito” para no generar “frustración” entre los ciudadanos que “ponga una autopista a la extrema derecha”, dijo Ibáñez, que resumió que para Sumar había dos cuestiones “inasumibles” que no han entrado en la ley: “colar” el gas licuado como energía verde y liberalizar el autobús.

Desde el PSOE, Ignacio López dispuso esta votación como una elección entre “los nuevos derechos” o “la extrema derecha” y aprovechó para criticar al PP y pedirle que “deje de mentir” asegurando que “no se va a suprimir ninguna parada de autobús”. Igualmente recordó que España se juega 10.000 millones de fondos europeos con la aprobación de esta ley, motivo por el que pidió el apoyo al PP “si dicen que son un partido de Estado”.

Por el PP, José Alberto Herrero comentó que tras tres años de tramitación se vota una ley “puramente ideológica” y “para nada a ustedes les ha importado solucionar los problemas de movilidad”, sino que “lo único que les importa es la continuidad de Pedro Sánchez en La Moncloa”.

Carina Mejías, de Vox, criticó una ley que dijo que debería llamarse “de movilidad ecopija” porque “no tocan a ese urbanita ecopijo adinerado que tiene un coche eléctrico y plaza de garaje con un cargador subvencionado”. “Pretenden convertir la transición ecológica en una transición de clase”, recriminó al Gobierno.

Por parte de los partidos catalanes, Inés Granollers, de ERC, defendió que su grupo ha conseguido incorporar enmiendas como el compromiso de fomentar el tren en trayectos que hoy tienen vuelos cortos y que “es una ley que piensa en Cataluña”. Isidre Gavin, de Junts, planteó para una movilidad sostenible “hacer que Rodalíes y Cercanías funcionen” o que España no esté “a la cola” en transporte ferroviario de mercancías.

En su turno, en nombre del PNV, Nerea Renteria dio el apoyo de su grupo “crítico, matizado y responsable” a la ley y defendió no “invadir competencia ni centralizar” la gestión del transporte.

CONTENIDO DE LA LEY

La ley no incluye aspectos relativos al pago por uso de las autovías ni sobre las zonas de bajas emisiones, habilita pero no obliga a poner peajes en las ciudades y exige que las empresas con más de 500 empleados o con turnos de 250 aprueben planes de movilidad sostenible.

Estos planes se consideran una herramienta imprescindible para avanzar en el impulso de la movilidad sostenible en los trayectos de ida y vuelta al trabajo. Las empresas podrán optar por distintas alternativas, como potenciar la movilidad activa, la eléctrica, la compartida o el transporte colectivo o bien apostar por flexibilizar los horarios de entrada y salida y el teletrabajo.

La norma regula también soluciones innovadoras como el transporte a la demanda, los coches compartidos, el uso temporal de vehículos o la regulación básica del vehículo autónomo, y fomenta la digitalización y la promoción de datos abiertos tanto de administraciones, como de gestores de infraestructura y de operadores públicos y privados.

En este sentido, incluye la creación del Espacio de Datos Integrado de Movilidad (EDIM), donde empresas de transporte, gestores de infraestructuras y administraciones compartirán sus datos, lo que permitirá optimizar la toma de decisiones de todos los actores a la hora de planificar la ejecución de nuevas infraestructuras y la puesta en marcha de nuevos servicios.

Paralelamente, crea un 'sandbox' de movilidad para probar soluciones innovadoras en un espacio controlado de pruebas y facilitar su llegada al mercado. También recoge los principios que deberán seguir las administraciones para regular y promocionar la introducción de los vehículos autónomos, en todos los modos, priorizando la seguridad, la sostenibilidad ambiental, los derechos de las personas y fomentando la colaboración público-privada. En el caso de automóviles autónomos, el texto establece una ventanilla única para facilitar que se realicen pruebas en vías públicas.

Para lograr estos objetivos, la ley crea el Sistema Nacional de Movilidad Sostenible que facilitará esta coordinación, y Consta de varios instrumentos: un foro de cooperación entre todas las administraciones; el Foro Administrativo de Movilidad Sostenible; un órgano consultivo para facilitar la cooperación de éstas con el sector y los usuarios, el Consejo Superior de Movilidad Sostenible; y un documento estratégico de orientaciones para la planificación de una movilidad sostenible elaborado de forma coordinada con todas las administraciones (Domos).