Tribunales
La acusación popular asegura que “lo propio de las organizaciones criminales es que el dinero no aparezca”
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El abogado Alberto Durán, que representa a las acusaciones populares, lideradas por el PP, aseguró en sus conclusiones del ‘juicio mascarillas’ que se celebra en el Tribunal Supremo (TS) que "lo propio de las organizaciones criminales es que el dinero no aparezca”, añadiendo que “nadie va a ser tan idiota de tenerlo en casa en un cajón para que se lo encuentren en un registro".
Durán respondía así a la afirmación del exministro de Transportes José Luis Ábalos, quien dijo en su declaración que no se podría encontrar dinero alguno que demostrara que había incurrido en algún delito.
La acusación popular, que pide 30 años de prisión para el exministro, consideró probado que el comisionista Víctor de Aldama pagó alrededor de dos millones de euros a Ábalos y 500.000 euros a su asesor Koldo García por el contrato de compra de ocho millones de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada al comisionista Víctor de Aldama.
“No consta la existencia o la cuantía de los pagos, pero sí nos consta una hoja Excel intervenida al señor Aldama donde él dice que le pidieron, entendemos que esto colma ya suficientemente el delito de cohecho, dos millones Ábalos y 500.000 Koldo García”. Si no se ha encontrado el dinero es porque eso es lo que hacen las organizaciones criminales. Concluyó.
Para la acusación popular, Aldama "no iba de visita al Ministerio" de Transportes, sino que su intención "desde el principio era corromper a quien estaba presto a ser corrompido" y el empresario estaba “incrustado en la organización".
El PP considera que el mecanismo de emergencia habilitado para la compra de mascarillas en pandemia no puede avalar adjudicaciones irregulares y esgrime que durante la pandemia Aldama vio una “oportunidad de negocio inigualable” porque “tenía a sueldo” al Ministerio de Transportes.
Así, el empresario contaba con “información privilegiada” y la oferta llegó a Transportes de forma “anómala”. El abogado respaldó esta idea con el contenido de la auditoría que hizo el sucesor de Ábalos al frente del Ministerio, Óscar Puente, que detectó irregularidades en la adjudicación de los contratos.
La acusación popular dio por sentado que las ‘chistorras’ mencionadas en las grabaciones incautadas a Koldo García eran billetes de 500 euros y destacó que los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la situación patrimonial de la familia del asesor ministerial detectaron “un comportamiento económico absolutamente insólito, anormal en una familia normal”, con el cese de “las salidas de efectivo de los bancos” y la llegada de “ingresos desproporcionados” en metálico. Y acabó sentenciando de manera irónica: “Nadie nos ha explicado por qué los ministros de España ganan tan poco dinero que un asesor tiene que financiar al ministro”.
Tras asegurar que las acusaciones populares han sido "muy respetuosas" con la "intimidad" de Ábalos abordó lo relacionado con Jéssica Rodríguez, expareja de Ábalos. El letrado dijo que la única explicación de que el empresario se hiciera cargo del pago del alquiler del piso de la joven es que así “engrasaba la maquinaria” corrupta.
En esta misma línea, el abogado llamó la atención sobre los “pagos periódicos” realizados a Ábalos y a Koldo García y sobre la participación del hermano de Koldo, Joseba, en la recogida de “paquetes” con dinero en República Dominicana.
(SERVIMEDIA)
06 Mayo 2026
SGR/clc


