El escrito de acusación, presentado ante la Sala de lo Penal del Supremo y al que ha tenido acceso Servimedia, detalla un entramado de pagos irregulares y adjudicaciones fraudulentas que habría operado entre 2019 y 2022.

La petición incluye además 81 años de inhabilitación especial para empleo público y multas millonarias para los dos primeros acusados, mientras que Aldama afronta 19 años y 6 meses de inhabilitación.

Según el documento judicial, Aldama realizó pagos mensuales en efectivo de 10.000 euros a García Izaguirre desde octubre de 2019 hasta mediados de 2022. Estas cantidades eran posteriormente repartidas con Ábalos, según consta en las investigaciones. Los acusados utilizaban terminología en clave para referirse al dinero: "chistorras" para billetes de 500 euros, "soles" para los de 200 y "lechugas" para los de 100.

La acusación sostiene que estos pagos constituían una "suerte de iguala mensual" complementada con otras contraprestaciones dirigidas a asegurar un acceso privilegiado a las más altas esferas de la Administración Pública. El entonces ministro se refería a estas sumas como "folios" o "cajas de folio" que reclamaba periódicamente a su asesor.

VIVIENDA PAGADA

Entre marzo de 2019 y septiembre de 2021, Aldama se hizo cargo de la renta mensual del piso donde residía Jéssica Rodríguez García, pareja sentimental del exministro. La vivienda, situada en Torre de Madrid, tenía un coste mensual de 2.700 euros que ascendió posteriormente a 2.800 euros tras una renovación contractual.

Los pagos se canalizaron a través de Alberto Escolano, considerado testaferro de Aldama, quien formalizó el contrato de arrendamiento y se encargó de las gestiones con la inmobiliaria. La cantidad total asumida por este concepto ascendió a 82.298,4 euros de los 88.101,43 euros totales abonados por la renta de la vivienda.

CONTRATOS DE MASCARILLAS

El escrito detalla cómo los acusados se sirvieron de la crisis sanitaria para adjudicar contratos de material sanitario a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, empresa vinculada a Aldama. Puertos del Estado y ADIF, entidades dependientes del Ministerio de Transportes, adjudicaron estos contratos por valor de millones de euros.

La operativa se diseñó con anterioridad a las órdenes ministeriales que regularon estas adquisiciones. Soluciones de Gestión ya conocía que iba a resultar adjudicataria antes incluso de que se publicaran las convocatorias oficiales. García Izaguirre entregó personalmente la oferta de la empresa al subsecretario del ministerio, saltándose los cauces convencionales.

GESTIONES PARA AIR EUROPA

Los investigados también habrían promovido los intereses de Air Europa ante otros departamentos ministeriales y el Consejo de Ministros. Como contraprestación, Ábalos disfrutó de una vivienda vacacional en Marbella durante el verano de 2020, sufragada por Aldama o la propia aerolínea.

Asimismo, intermediaron para conseguir el aplazamiento de la deuda tributaria de Pilot Real Estate, sociedad vinculada a Aldama, y gestionaron la concesión de una licencia de operador de hidrocarburos para Villafuel. A cambio de estos servicios, adquirieron una vivienda en Cádiz para uso y disfrute del exministro.

CONTRATOS PÚBLICOS

La acusación también recoge cómo Ábalos utilizó su influencia para que Jéssica Rodríguez fuese contratada consecutivamente en las empresas públicas Ineco y Tragsatec sin realizar trabajo efectivo. Igualmente, Claudia Montes, con quien el exministro mantenía una relación, fue contratada por orden suya en la empresa pública Logirail.

Estos nombramientos se produjeron sirviéndose de García Izaguirre e Isabel Pardo de Vera, entonces secretaria general de Transportes. Las contrataciones formaban parte del entramado de favores y contraprestaciones que caracterizaba la organización criminal investigada.

PERMISOS DE MOVILIDAD

Durante la pandemia, Ana María Aranda, secretaria del exministro, expidió permisos de movilidad a petición de Ábalos y García Izaguirre para personas solicitadas por Aldama. Estos salvoconductos permitían acceder y transitar libremente por el territorio nacional pese a las restricciones del estado de alarma.

La emisión de estos permisos respondía a las necesidades de ciudadanos venezolanos vinculados a Aldama, quienes obtuvieron así favores de la Administración Pública. Algunos de estos beneficiarios llegaron a mantener entrevistas con altos cargos del Ministerio de Industria gracias a estas gestiones.

GRANDES CANTIDADES DE EFECTIVO

Los acusados manejaron ingentes cantidades de dinero en efectivo durante el período investigado, experimentando un incremento extraordinario de ingresos en metálico en sus cuentas bancarias. Ábalos no retiró ni un solo euro de sus cuentas entre 2018 y 2022, mientras promovía los intereses de Aldama y empresas vinculadas.

García Izaguirre, con ayuda de su pareja Patricia Uriz Iriarte, sufragó gastos personales del exministro por importe de 94.883,63 euros, que este restituía posteriormente en metálico. Entre estos conceptos se incluían pensiones alimenticias, regalos y transferencias a familiares y allegados del exministro.

NUEVE DELITOS IMPUTADOS A CADA ACUSADO

La acusación popular formula cargos por organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos, entre otros delitos. Cada uno de los tres investigados afronta nueve tipos penales diferentes relacionados con la presunta trama de corrupción que habría operado en el Ministerio de Transportes.

El procedimiento se tramita en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo por el aforamiento de Ábalos como diputado en el momento de los hechos. La Cámara Alta deberá decidir sobre la apertura de juicio oral tras estudiar las acusaciones presentadas por las partes personadas en la causa.