Tribunales

ADIF entrega en el Supremo los dos contratos de obras en Murcia en un pendrive

MADRID
SERVIMEDIA

La empresa pública ADIF, dependiente del Ministerio de Transportes, ha hecho entrega al Tribunal Supremo (TS) de un pendrive con la información relativa a dos contratos de obra investigados dentro del ‘caso Koldo’ relativos al soterramiento de instalaciones ferroviarias en Murcia. La documentación ya estaba contenida en una entrega anterior, pero ante la petición formulada por el instructor, Leopoldo Puente, la compañía los ha vuelto a enviar.

ADIF hizo entrega de la documentación que le requirió el Supremo relativa a los expedientes de ocho contratos de adjudicación de obras el pasado 25 de noviembre. Esa información fue remitida un día después a la Unidad de Intervención General de la Administración General del Estado (IGAE) para que realizara un informe.

Ya el 22 de diciembre el magistrado instructor reclamó a ADIF nueva documentación sobre el Soterramiento de Estación y Barriomar en Murcia y sobre el proyecto Nonduermas, que supuestamente no estaba entre la documentación remitida por la empresa pública.

La compañía respondió al Supremo que la información requerida estaban ya esos contratos y señalaba exactamente las carpetas en las que se encontraban, pese a lo cual ADIF ha vuelto a enviar la información de los contratos requeridos en un nuevo pendrive de manera separada.

Los ocho expedientes reclamados en un primer momento era lo de ‘emergencia Asturias’, ‘Montforte-Lugo’, ‘emergencia Montforte’, ‘Sant Feliú de Llobregat’, ‘Pulpí-Vera’, ‘Soterramiento Nonduermas’ ‘accesos a Murcia y permeabilización’ y ‘soterramiento Estación y Barrioma’.

La representación legal de ADIF indica en su escrito de respuesta que “toda la documentación ha sido recopilada atendiendo al contenido literal del requerimiento judicial y sobre la información extraída de las bases de datos que obran en la entidad”, con el compromiso de subsanar “a la mayor brevedad” cualquier “omisión involuntaria o error”.

La documentación requerida pretende certificar la diferencia entre lo que se proyectó inicialmente y lo que finalmente se ejecutó y pagó, puesto que la modificación de esos contratos podrían ocultar irregularidades. En esa línea la IGAE tiene encomendado el cotejo los proyectos modificados con las certificaciones de obra para determinar si los pagos efectuados se ajustan a la realidad de los trabajos realizados.

(SERVIMEDIA)
31 Dic 2025
SGR/clc