Así lo remarcó durante la presentación en el Pleno del Congreso de los Diputados los informes anuales que recogen las principales líneas de actuación de la institución que dirige y tras hacer lo propio hace un mes ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo. La disolución de las Cortes Generales, en mayo de 2023, con motivo de la convocatoria electoral, imposibilitó la tramitación parlamentaria del Informe anual de 2022, por lo que esta se está llevando a cabo ahora conjuntamente con la del de 2023.

Los asuntos principales en esos dos años estuvieron especialmente vinculados a los derechos sociales y a los servicios públicos. Ello explica “una ligera prevalencia de actuaciones ante las administraciones autonómicas, que son en gran medida las competentes al respecto”, apuntó. En este contexto señaló que, no obstante, en 2022 hubo más resoluciones dirigidas a la Administración General del Estado que a las administraciones autonómicas.

"La pobreza es la gran exclusión", protestó, por lo que dijo que la lucha contra la desigualdad debe ser "una prioridad". En este sentido, resaltó el seguimiento realizado en torno a las ayudas y rentas autonómicas o municipales, el sinhogarismo o el Ingreso Mínimo Vital, sobre el que ha recibido "alrededor de 1.000 quejas, solo en 2023, especialmente por retrasos para la resolución de las solicitudes o las reclamaciones, o por la rigidez en el modo de acreditar el cumplimiento de los requisitos”, enfatizó. En su opinión, es necesario trabajar “para consolidar un verdadero sistema estatal de garantía de ingresos, que tenga en cuenta el conjunto de prestaciones asistenciales. Un sistema estable y cohesionado, que articule la acción de todas las administraciones públicas en este deber social de lucha contra la desigualdad”.

Otro de los asuntos que la institución ha considerado prioritario en 2022 y 2023 ha sido la atención a los menores en situaciones de riesgo, como los cerca de 5.000 menores no acompañados llegados a Canarias. El Defensor del Pueblo ha instado a “buscar soluciones consensuadas y estables para que las Comunidades Autónomas colaboren en la acogida de estos menores”. Asimismo, se refirió a los adolescentes afectados por la saturación de los servicios de salud mental y ha llamado la atención sobre las declaraciones de desamparo de menores si conllevan la retirada de la tutela. Además, pidió más medios para el acogimiento familiar de los menores tutelados frente a su permanencia en instituciones.

“La justicia como servicio público fue el ámbito que más quejas ciudadanas suscitó en 2023”, afirmó Gabilondo, que recordó que la institución ha formulado recomendaciones para que se creen nuevos juzgados, se refuerce el personal y también ha instado al Consejo General del Poder Judicial para que supervise el empleo de medidas especiales de agilización en el orden contencioso-administrativo, previstas para supuestos de litigación en masa.

MIGRACIÓN

Sobre asuntos migratorios, el defensor del Pueblo señaló que dos de los principales retos se encuentran en la necesidad de revisar el sistema de protección internacional para paliar las dificultades de acceso y la demora en la tramitación de las solicitudes, y en la gestión de la acogida de aquellas personas que, por diversos motivos, no pueden ser expulsadas o devueltas a su país de origen. Además, se refirió a las actuaciones realizadas por la institución tras el trágico salto a la valla de Melilla de 2022, y al aumento de llegadas irregulares a Canarias -casi 40.000 en 2023-.

En materia de Educación, insistió en que hay que tender a la universalidad y la gratuidad del primer ciclo de educación infantil y que, a pesar del mayor esfuerzo realizado por las comunidades autónomas, sigue habiendo insuficiencia de plazas.

A continuación destacó que inició en 2023 actuaciones de oficio sobre la adaptación de los centros docentes a las temperaturas extremas, asunto sobre el que la planificación de las medidas es, dijo, “insuficiente”. Y también se iniciaron actuaciones para abordar los obstáculos a los que se enfrentan los alumnos con necesidades especiales o enfermedades crónicas o las víctimas de violencia escolar.

Sobre Sanidad, explicó que los problemas de acceso a la Atención Primaria son diferentes en función del territorio, pero que existe un elemento común en todos ellos, “la dificultad de los servicios públicos de salud para incorporar y retener a profesionales sanitarios de Atención Primaria y a pediatras”. Por ello, instó a destinar “mayor inversión y medidas que permitan la efectiva reposición de las plazas vacantes”. También resaltó la necesidad de reducir las listas de espera sanitarias, “cuyas quejas en 2023 más que duplicaron las recibidas en 2021”.

Las dificultades en el acceso a la vivienda y la presentación también de los datos del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o degradantes (MNP) también ocuparon su discurso.

En estos dos ejercicios, el MNP realizó un total de 113 actas de visitas a lugares de privación de libertad, que dieron lugar a 1.513 resoluciones.

En este punto, Gabilondo afirmó que las administraciones aceptaron, de forma mayoritaria, las sugerencias y recomendaciones realizadas tanto en el seno del programa transversal sobre salud mental como del programa transversal sobre discapacidad, implementados por el Mecanismo. Además, constató algunos avances en lo relativo a las contenciones mecánicas y se ha producido una disminución en la aplicación de inmovilización con correas. Según la institución, hay mejoras también en lo que respecta a la atención a las mujeres embarazadas y a las mujeres con problemas de salud mental en lugares de privación de libertad.