A su juicio, la administración tiene un gran potencial de contratación para las empresas sociales, pero sin embargo, "actualmente nos exigen que concursemos en las mismas condiciones que la empresa privada".

"Nosotros entendemos la responsabilidad social de las empresas como un compromiso por la rentabilidad y la sostenibilidad en términos sociales y ambientales y la apuesta decidida por la viabilidad de las empresas de inserción para los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad", afirmó.

Escolá insistió en la idea de que las empresas sociales, a pesar de contar con una alta cualificación, no pueden en ningún caso competir con la empresa privada. "No pedimos subvenciones, pedimos trabajo. Hacemos trabajo de calidad y rehabilitamos a personas en una situación de exclusión social", apuntó.

"Nosotros representamos un espacio muy pequeño del pastel, pero para nosotros es suficiente para multiplicar los beneficios para las personas y la sociedad", apostilló.

Además, Escolá criticó que algunas empresas hayan utilizado la RSC como una estrategia de marketing para vender, aunque, sin embargo, reconoció que poco a poco se va implantando también esta parte de la empresa más humana y solidaria.

Por su parte, Ignacio Parodi, secretario del Observatorio de Economía Solidaria, defendió el concepto de "territorio socialmente responsable", para abogar por trasladar el ámbito de la RSC y sus principios a los ciudadanos desde los propios ayuntamientos. Es decir,que los ayuntamientos sean los primeros en protagonizar ese desarrollo de la responsabilidad.