El juez ya ha notificado a las partes y al ministerio fiscal su decisión. La querella criminal fue interpuesta en marzo por un funcionario del Ministerio de Industria que acusa a Paloma Sendín de Cáceres de entrar en su despacho y obligarle a entregar papeles y expedientes, además de acceder a su ordenador.

Según la Ser, algunos oros funcionarios también fueron objeto de registro y eso motivó que la Junta de Personal redactara una carta de protesta contra la directora general de Minas. Esta carta también fue incluida en la querella.

El querellante argumenta que el registro a los funcionarios sólo puede realizarse cuando se haya abierto previamente un expediente que proporcione garantías legales.

La gestión de Paloma Sendín en el reparto de subvenciones mineras ha sido objeto de investigación en la denominada "subcomisión iqué". Tanto PSOE como IU calificaron de irregulares e ilegales algunas de las práctica en el reparto de estas ayudas a las comarcas mineras y se han quejado por la falta de colaboración de la directora general de Minas a la hora de aportar documentación y expedientes que eran objeto de investigación.