Según la entidad, los “precios plaza” y las “dotaciones presupuestarias” que sostienen los servicios especializados se mantienen “muy por debajo del coste real”, con conciertos y acuerdos marco sin actualizar en numerosas comunidades. Este desfase, denuncia Aedis, impide a los centros ajustar los apoyos a las necesidades actuales y mantener estándares adecuados de calidad.

La organización señaló, además, “retrasos recurrentes en los pagos” por parte de algunas administraciones autonómicas, lo que provoca tensiones de liquidez y dificulta la continuidad de servicios esenciales.

Su presidente, Jacinto Castillo, subrayó que “esta asfixia administrativa está afectando directamente a las personas usuarias, que ven limitada la capacidad de los centros para reforzar equipos profesionales, actualizar recursos o incorporar mejoras tecnológicas y de accesibilidad”.

Aedis denunció también “grandes diferencias entre comunidades autónomas” tanto en financiación como en requisitos administrativos, lo que genera desigualdades “injustificables” en la calidad de los apoyos según el territorio de residencia. La brecha afecta tanto a servicios sociales como a la atención educativa especializada.

En el ámbito del “empleo de personas con discapacidad”, la situación se reproduce con retrasos en ayudas a los centros especiales de empleo de iniciativa social, diferencias de financiación entre territorios y convocatorias que no se publican o no responden a la realidad del sector, lo que compromete la estabilidad de miles de trabajadores con discapacidad.

Aedis recordó que garantizar una atención digna y estable exige un “compromiso financiero firme y homogéneo” por parte de todas las comunidades autónomas. Por ello, reclamó actualizar precios y conciertos, asegurar pagos en plazo y establecer un modelo de financiación que proteja de forma equitativa los derechos de las personas con discapacidad “con independencia del territorio en el que vivan”.