Se trata de una ampliación de uno a dos años, que llega justo en el momento en que dichas adaptaciones deberían haberse puesto en práctica.

Según Aedis, esta ampliación del plazo a dos años supone que los incrementos de la financiación previstos en el Real Decreto 818/2021 "no se podrán materializar de la forma prevista inicialmente", lo que implica "grandes dosis de inseguridad jurídica para nuestras entidades, que ya habían previsto estas actuaciones, y probablemente situaciones de desigualdad territorial".

Además, criticó que el Ministerio de Trabajo ha realizado esta modificación sin contactar con las organizaciones de la discapacidad.

La mejora en la financiación aprobada por el Gobierno hace más de un año fue "asumida por el sector en un momento de gran inestabilidad económica", apuntó, pero ahora "no es posible saber si se podrán abordar los incrementos, ni siquiera en aquellas comunidades autónomas que ya realizaron la adaptación normativa, ni tampoco si se va a incrementar la financiación para todos los territorios".

El presidente de Aedis, Bernabé Blanco, anunció que se pondrán en contacto con el Ministerio de Trabajo "para ver cómo se va a abordar esta situación" y reclamar que se dé curso a la financiación de aquellas comunidades autónomas que ya hayan realizado la adaptación de su normativa.

"Queremos dejar constancia que aquellas comunidades que no habían realizado tal adaptación son responsables del perjuicio causado a las entidades del sector", comentó, instándoles a "agilizar el proceso”.

Para Carmen Laucirica, presidenta de Plena inclusión, “esta decisión unilateral del Gobierno afectará en última instancia a un colectivo de personas tradicionalmente castigado en su acceso al empleo, como las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, que necesitan especialmente estas políticas de activación del empleo”.