Así se expresó Castro durante la presentación de un informe sobre las necesidades de la red eléctrica en España elaborado por Deloitte, que revela que el plazo de tramitación y desarrollo de los proyectos de conexión para nueva demanda se puede llegar a demorar hasta 11 años. En el acto participó también Laureano Álvarez, socio del monitor Deloitte.

Para Castro y Álvarez, el incremento del límite de inversión del 62% planteado por el Gobierno “va en la buena dirección”, aunque advirtieron de que debe ir acompañado de un incremento de la tasa de retribución para situarla en la media de los países europeos.

En cuanto al límite de inversión en la red de distribución, Castro estimó que permitirá elevarla hasta unos 3.400 millones de euros frente a los 1.800 millones actuales. “Eso supone un impulso a la electrificación de la demanda y un compromiso firme”, afirmó.

Además, valoró otros aspectos como el “trato igualitario” de las inversiones en la red de transporte y en la red de distribución, así como que se permitan algunas inversiones de forma anticipada si se detecta demanda.

En todo caso, advirtió que no resolverán el problema para las solicitudes de nueva demanda rechazadas por el colapso de los puntos de acceso, ya que considera que básicamente resuelve los problemas para las solicitudes ya aceptadas que deben recibir acceso.

En esta línea, recordó que el 50% de las peticiones presentadas en 2024 fueron rechazadas y que las que siguen pendientes alcanzan los 67 megavatios (MW).

RECOMENDACIONES ESTRATÉGICAS

Además, aseguró que las peticiones siguen al alza porque “el apetito por conectarse a la red de distribución no para de crecer”, aunque admitió que puede haber demanda duplicada, algo que se resolverá tras la publicación del mapa de los puntos de acceso.

EL INFORME

El análisis realizado por Deloitte identifica que la inversión en redes en España representa el 0,2% del PIB, por debajo de países como Alemania o Países Bajos, que destinan más del doble. Además, identifica grandes áreas de mejora para poder abordar el reto de electrificar la demanda.

Para revertir esta situación, el documento plantea varias recomendaciones estratégicas. En primer lugar, considera imprescindible atraer inversión en redes a España mediante un marco regulatorio más competitivo. También subraya la necesidad de adecuar los límites de inversión, en línea con el nuevo real decreto de planes de inversión, para facilitar la conexión de nueva demanda y reducir el porcentaje de solicitudes rechazadas.

Asimismo, propone aprovechar mejor la red existente, priorizando proyectos más maduros, extendiendo las garantías económicas a solicitudes de baja tensión y estableciendo hitos intermedios que acrediten el grado de avance de los proyectos. Finalmente, aboga por avanzar en la regulación de la flexibilidad, lo que permitiría habilitar un papel más activo del consumidor, fomentar la adaptación de la demanda y el almacenamiento energético y optimizar el uso de los recursos distribuidos.