Paralelamente, la Plataforma pidió el desarrollo de una Ley de Derechos de las Personas Mayores, de manera que se avance hacia una normativa específica y adaptada a las necesidades reales de este grupo social, colocándolo en el centro de la Agenda 2030 y de la acción pública.

La Plataforma hizo estas peticiones en el marco de una reunión celebrada en la sede del Ministerio, en la que participaron el titular de la cartera, Pablo Bustinduy, y la directora general del Imserso, Mayte Sancho. Por parte de la PMP acudió una delegación formada por su presidente, Jesús Norberto Fernández; las vicepresidentas Inmaculada Ruiz y Manuela Carrión; los vicepresidentes José Luis Fernández y Álvaro García; y la vicepresidenta de Gerontología de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), María Luisa Delgado.

En lo referente a la normativa pendiente de tramitación, la PMP respaldó las reformas en curso de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (LAPAD) y de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad, como un paso normativo “muy relevante hacia un sistema más justo, inclusivo, y centrado en las personas, que reconoce derechos necesarios, reduce barreras burocráticas y amplía prestaciones”.

Asimismo, tanto la Plataforma como el ministro Bustinduy coincidieron en valorar dichas reformas como imprescindibles para hacer frente al envejecimiento de la población, al creciente número de personas mayores en situación de dependencia y con discapacidad, así como para modernizar el sistema de cuidados, adaptándolo a las necesidades actuales.

De igual manera, la PMP señaló la urgencia de aprobar el Reglamento de Accesibilidad Cognitiva y de culminar la tramitación parlamentaria de la Ley de Servicios de Atención a la Clientela. Insistió en que ambas normas son esenciales para garantizar un trato digno, accesible y comprensible para las personas mayores y las personas con discapacidad mayores en su relación con servicios esenciales.

Por otra parte, la PMP mostró su plena disposición a colaborar con el Gobierno en los trabajos preparatorios de la futura Convención Internacional de Derechos de las Personas Mayores, al mismo tiempo que reclamó un papel activo de España en Naciones Unidas y en la Unión Europea para impulsar su aprobación.

Finalmente, la PMP ha destacado la necesidad de reforzar la presencia efectiva del movimiento asociativo de personas mayores en los órganos de participación institucional, así como de incorporar de manera transversal la perspectiva de edad en todas las políticas públicas, incluidas aquellas dirigidas a la emergencia climática como el Pacto de Estado recientemente aprobado por el Consejo de Ministros, dado que las personas mayores y las personas con discapacidad mayores son especialmente vulnerables a fenómenos extremos como olas de calor, emergencias sanitarias y desastres naturales.