Así lo reclamó en un comunicado en el que demandó que, en la elaboración de sus presupuestos, la nueva financiación estatal para la dependencia se “traduzca” en una “revisión” de las tarifas públicas y el “refuerzo” de las prestaciones vinculadas al servicio, lo que, a su juicio, “influiría decisivamente en una mejora de las condiciones laborales de los profesionales del sector”.

Aeste recordó que el Estado elevará en 2026 su aportación al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia hasta aproximadamente 5.513 millones de euros, un 47% más que en 2025 y que el Real Decreto-ley 17/2026 ha aprobado para ello suplementos de crédito por 2.218,65 millones, de los cuales 2.097,65 millones corresponden al nivel mínimo y 121 millones al nivel acordado.

“Tras este incremento, el nivel acordado de 2026 alcanza una dotación total de 904,2 millones de euros, cuyo reparto fue publicado el 9 de septiembre en el BOE. La nueva financiación queda, además, blindada por ley y crecerá conforme aumente el número de personas atendidas”, abundó.

Aeste considera que este incremento representa “una gran oportunidad” que las comunidades autónomas deben “aprovechar” para garantizar la sostenibilidad de la atención.

TARIFAS

“Ampliar el número de personas atendidas no es suficiente si las tarifas de concierto y contratos de prestación de servicios no cubren los costes y las plantillas trabajan al límite”, denunció, al tiempo que defendió que los nuevos recursos “deben mejorar la cobertura de atención, pero también garantizar la calidad y la sostenibilidad de los servicios”.

Es por ello que la asociación reclama que la financiación adicional del Estado suponga un incremento neto de los recursos destinados a la dependencia por parte de las comunidades autónomas, “sin desplazar el esfuerzo presupuestario que estas ya realizaban y que llegue de forma efectiva al sistema”.

“El margen para hacerlo existe. El propio Acuerdo de distribución contempla de forma expresa la posibilidad de que los créditos financien actuaciones de mejora de las condiciones laborales de las personas trabajadoras, incluida la adecuación de los contratos de servicios y de los conciertos de plazas. Activar esa posibilidad corresponde a cada comunidad autónoma, en el marco del convenio suscrito con la Administración General del Estado y mediante las decisiones presupuestarias y administrativas oportunas para ello”, explicó la presidenta de Aeste, Lourdes Rivera.

La petición llega, además, en plena negociación del convenio colectivo estatal del sector y en un contexto de “grave déficit de profesionales”, a juicio de la entidad, que señaló que, según el Ministerio de Derechos Sociales, harán falta entre 261.400 y 639.400 profesionales adicionales de aquí a 2030 para sostener el sistema de cuidados.

Aeste tiene como objetivo impulsar un mayor reconocimiento del valor del trabajo que realizan los profesionales dedicados al cuidado mejorando sus condiciones laborales y salariales, pero hacerlo de manera “responsable y sostenible” exige, a su entender, tarifas públicas “acordes al coste real de los servicios”. “Sin el compromiso de las comunidades autónomas no será posible firmar un convenio a la altura del trabajo que realizan los profesionales de los cuidados”, apostilló.

PRESUPUESTOS

Por último, indicó que las diferencias entre territorios “siguen siendo amplias” y, en algunos, las tarifas públicas “quedan lejos del coste real de prestar los servicios residenciales, de centro de día, de atención domiciliaria o teleasistencia con los niveles de calidad y de profesionalización requeridos”.

“El desajuste se amplía cuando suben los costes salariales, energéticos, alimentarios y regulatorios durante la vigencia de los contratos y las tarifas permanecen congeladas o se actualizan por debajo de su evolución real”, prosiguió, al tiempo que advirtió de que la Ley de Contratos del Sector Público y la normativa de desindexación “dificultan” además trasladar a los contratos públicos los incrementos de costes sobrevenidos y de que el 17,6% de las licitaciones del sector “quedan desiertas porque muchos operadores no pueden asumir el riesgo de prestar servicios a pérdidas”.

Por todo ello, instó a las comunidades autónomas a revisar al alza las tarifas de las plazas concertadas y los servicios contratados garantizando su correlación con los costes reales de los servicios y con los estándares de calidad exigidos; incorporar mecanismos periódicos y objetivos de actualización de precios; elevar las cuantías de las prestaciones económicas vinculadas al servicio (PEVS) hasta niveles que permitan la accesibilidad real a servicios de calidad y garantizar una financiación “suficiente” que permita mejorar las condiciones laborales de los profesionales.

Por último urgió a los gobiernos autonómicos a “actuar sin demora” y a aprovechar esta “oportunidad” para consolidar un modelo de cuidados que “esté a la altura de lo que las personas mayores dependientes necesitan en cada momento, a la vez que reconoce el valor de los que lo hacen posible”.