Para la adjudicación de estos servicios, la Agencia Tributaria ha convocado un concurso, por procedimiento abierto. El presupuesto para esta medida es de un total de 1.140 millones de pesetas (710 para la confección de declaraciones con presencia física del contribuyente en las oficinas, 240 para la cita previa por teléfono y 190 millones para la realización de declaracines por teléfono).

La Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT considera que esta adjudicación de servicios supone "la privatización" de labores que venían desempeñando los empleados públicos "de forma eficaz", y cree que puede poner en peligro el derecho a intimidad del contribuyente al poner en manos de estas empresas datos privados.

Por su parte, fuentes de la Agencia Tributaria negaron que se trate de una privatización y explicaron que lo que se pretende con esta medida es "buscar el apoo externo en empresas privadas para ofrecer un mejor servicio al contribuyente" y "poder satisfacer toda la demanda que creemos que puede haber en la sociedad española".

Las mismas fuentes explicaron que desde hace tres o cuatro años han detectado que "hay mucha demanda durante la campaña de la renta de gente que quiere que alguien le confeccione su declaración, y la Administración no tenía capacidad suficiente para atender toda esa demanda".

Indicaron que la responsabilidad de atender a todo aqul que necesite apoyo para confeccionar la declaración de la renta es de la Agencia Tributaria, y "no podemos prestar un servicio de mala calidad". Explicó que cuando se ofrecen nuevos servicios, como por ejemplo el de la cita previa, "cada vez se genera más demanda".

Agregaron que los medios de que dispone la Agencia Tributaria son "limitados, sobre todo tras la congelación de las ofertas de empleo público en los últimos años", por lo que dijeron que "si queremos mejorar nuestro servicio, tenemos que onseguir apoyo externo".

Además, explicaron que "la demanda de información -durante la campaña de la renta- es tan puntual y estacional que podemos necesitar en determinados días más de 1.000 personas para atender los servicios y a la semana siguiente con 30 es suficiente. Es muy difícil que demandas puntuales y tan intensas las puedas cubrir con personal propio".

Explicaron que esta forma de actuar ya se puso en práctica en los últimos años en algunos servicios, como rellenar declaraciones por tléfono, para el que en la pasada campaña ya contaron con el apoyo de una empresa privada. Los otros dos servicios, el de cita previa y la cumplimentación de declaraciones en las oficinas, hasta ahora lo hacía el personal propio de Hacienda.

El portavoz de la Agencia Tributaria insistió en que "no privatizamos nada. Nosotros seguimos prestando servicio en todas nuestras oficinas, incluso ampliando el horario de atención al público, pero además hemos sacado a concurso tres tipos de trabajo".

Explic que la adjudicación de estos tres tipos de trabajo no tiene por qué recaer en una sola empresa, sino que pueden ser varias, y aseguró que estos servicios se darán bajo la responsabilidad y supervisión y control de la Agencia Tributaria.

DENUNCIA DE UGT

Por su parte, UGT considera que esta medida supone "privatizar" la confección de la declaración de la renta, y cree que esta medida "atenta contra el derecho a la privacidad del contribuyente, puesto que no es posible controlar si esas empresas confecionar una lucrativa base de datos con informaciones de cuya reserva, hasta ahora, se responsabilizaba la Agencia Tributaria".

Además, UGT opina que en una época en la que se extreman las medidas para controlar el gasto público, "no está justificado que la Administración destine esta partida presupuestaria a una labor que venían desempeñando los empleados públicos de forma eficaz y con un estricto cumplimiento de los objetivos marcados desde el propio Ministerio de Economía y Hacienda".

UGT denunia, además, que la Administración tendrá que correr con el gasto derivado de la formación que los propios empleados públicos deberán impartir a los aproximadamente 1.300 trabajadores que deberá contratar la empresa adjudicataria.