La secretaria general de la organización, Agnès Callamard, subrayó en un comunicado que "un error no se corrige con otro" y reclamó rendición de cuentas tanto por el ataque ilegal estadounidense como por las graves violaciones de derechos humanos perpetradas por las autoridades venezolanas.

Según la organización, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reivindicado abiertamente su autoridad para dirigir la política en Venezuela, impulsado principalmente por el control de los recursos y el poder geopolítico en la región.

Por su parte, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, mantiene una retórica desafiante mientras coopera con Estados Unidos, lo que genera mayor incertidumbre para la población venezolana.

Aunque algunas personas detenidas están siendo liberadas, no se han tomado medidas significativas para hacer justicia ni se han dado garantías de no repetición, mientras las amenazas al espacio de la sociedad civil persisten.

CONDENA A AMBAS VIOLACIONES

La secretaria general de Amnistía fue contundente al afirmar que la organización "condena inequívocamente tanto el uso ilícito de la fuerza por parte de Estados Unidos como los múltiples crímenes cometidos por las autoridades venezolanas contra el pueblo de Venezuela".

En este sentido, Callamard insistió en que "la denuncia de la acción militar ilegal de Estados Unidos no debe eclipsar la urgente necesidad de rendición de cuentas por las graves violaciones de derechos humanos".

Además, la organización alertó sobre las amenazas abiertas del presidente estadounidense de intensificar la acción militar unilateral en otros lugares. Desde que atacó Venezuela, el presidente Trump ha amenazado con utilizar la fuerza militar contra Colombia, Cuba, Groenlandia, Irán y México.

Amnistía advirtió que se trata de "esfuerzos calculados para normalizar un enfoque de 'la fuerza hace el derecho' en las relaciones exteriores y dejar de lado la Carta de las Naciones Unidas, los Convenios de Ginebra y los tratados de derechos humanos".

La organización explicó que el artículo 2, párrafo 4, de la Carta de las Naciones Unidas "prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado", recordó.

VIOLACIÓN DE LA SOBERANÍA

El gobierno de Estados Unidos inició su escalada militar con ejecuciones extrajudiciales en aguas internacionales y llevó a cabo la captura de Nicolás Maduro con el pretexto de luchar contra el narcotráfico. Callamard afirmó que "son los hechos, y no la retórica política, los que determinan el derecho aplicable", y que sin la autorización del Consejo de Seguridad ni un caso genuino de legítima defensa, "el uso unilateral de la fuerza por parte de Estados Unidos fue ilícito".

Amnistía Internacional ha documentado durante años la política sistemática de represión en Venezuela, que incluye detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura. Callamard recordó que "los crímenes de lesa humanidad no terminan con la remoción de Maduro".

"Las víctimas venezolanas, las personas sobrevivientes y sus familias conservan las cicatrices físicas y psicológicas, mientras el destino y paradero de muchas personas sujetas de desaparición forzada siguen sin resolverse y la maquinaria estatal responsable permanece firmemente en su lugar", manifestó.

REPRESIÓN CONTINÚA

Durante los primeros días del Gobierno encargado de Delcy Rodríguez, las fuerzas de seguridad y las agencias de inteligencia han seguido deteniendo personas, vigilando comunidades e intimidando a los sospechosos de apoyar el ataque del 3 de enero. Algunos reportes confirman nuevas detenciones arbitrarias, entre ellas la de 14 periodistas que cubrían una rueda de prensa oficial y que ya han sido puestos en libertad.

Después de que el gobierno de Rodríguez anunciara liberaciones masivas el 8 de enero, cientos de personas que habían sido encarceladas injustamente fueron puestas en libertad. El 31 de enero, también anunció una ley de amnistía destinada a beneficiar a todas las personas acusadas de delitos desde 1999, así como el cierre del principal centro de detención, El Helicoide.

Amnistía Internacional valoró estos anuncios como bienvenidos, pero advirtió que "la ley de amnistía por sí sola es claramente insuficiente si no existen garantías de no repetición". La organización ha observado en el pasado cómo las autoridades liberan a personas detenidas como gesto de buena voluntad, solo para llevar a cabo nuevas oleadas de detenciones poco tiempo después.

De otro lado, Callamard instó a la Corte Penal Internacional a que agilice su trabajo, incluida la emisión de órdenes de detención cuando se cumpla el umbral probatorio. Advirtió que "la justicia demorada es justicia negada, especialmente para la población venezolana que ha esperado años para ser escuchada", aunque reconoció que las acciones del gobierno de Estados Unidos hacen que cualquier posible proceso judicial contra Maduro sea mucho más difícil y complejo.

La organización demandó que Estados Unidos cese los ataques ilegales contra presuntas embarcaciones dedicadas al narcotráfico y cualquier uso o amenaza de fuerza contra Venezuela y reclamó "investigaciones rápidas, independientes e imparciales" cuando existan pruebas creíbles de muerte de civiles u homicidios ilícitos, así como la provisión de reparaciones a las víctimas.