La entidad destacó que la creciente demanda asistencial en salud auditiva pone de manifiesto la necesidad de “dotar de respaldo legal” a una profesión que ya desempeña funciones clave en ámbitos como la prevención, la evaluación, la rehabilitación y el seguimiento de las alteraciones auditivas.

A través de la presentación de alegaciones a la LOPS, AICE reafirmó su compromiso con el impulso de políticas públicas orientadas a “mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad auditiva”, promoviendo avances normativos y el fortalecimiento del sistema formativo y profesional en este ámbito.