Según explicó Panadero a Servimedia, la presencia indirecta de estas instituciones públicas en el accionariado de Spanair "genera ciertos problemas de incompatibilidad ética con los que habrá que tener mucho cuidado".

En el caso concreto de El Prat, Panadero considera imprescindible que la Generalitat y el Ayuntamiento queden fuera del órgano que reparte los "slots" (permisos de despegue y aterrizaje) para garantizar la independencia del mismo.

Asimismo, advierte que deberá controlarse el origen de los fondos que se aporten a Spanair si sigue teniendo pérdidas, ya que si estos provienen únicamente de instituciones públicas se podría incurrir en ayudas de Estado.

"Sólo pedimos que las decisiones se muevan en el marco de la legalidad y la legitimidad para que se produzca una competencia leal y acorde a las reglas del mercado", concluyó.