Ambas asociaciones explican que el aumento constante de la litigiosidad, la reducción de efectivos derivada de jubilaciones, fallecimientos o situaciones de servicios especiales, y el crecimiento demográfico, hacen necesario afrontar un refuerzo de la Justicia. De hecho, señalan, en el primer trimestre de 2025 lo asuntos en órganos judiciales se incrementaron un 15,6% y próximamente la población española alcanzará los 50 millones.

Recuerdan también que España cuenta con 11,6 jueces por cada 100.000 habitantes, muy por debajo d ellos 17 que hay de media en Europa. A esta carencia estructural se suma el aumento de jubilaciones voluntarias o anticipadas de jueces. El CGPJ estima que alrededor de un tercio de la carrera judicial se retirará en la próxima década. El escrito incide, además, en los riesgos laborales y psicológicos de la carga de trabajo sobre los jueces, que “excede de forma continuada los límites razonables”.

El propio Plan Estratégico del CGPJ para el decenio 2023–2032 señala que España necesita alrededor de 350 nuevos jueces al año para cubrir la reposición y garantizar un crecimiento mínimo de la planta, mientras que en las últimas convocatorias se han cubierto 120 plazas, muy por debajo y que se añade al déficit estructural de 400 jueces que estima el Consejo. Ambas asociaciones recuerdan también que el acuerdo de mayo de 2023 que puso fin a la huelga de jueces con el compromiso de crear 100 nuevas plazas al año no se ha cumplido .

Todo ello “compromete la capacidad del Estado para garantizar un funcionamiento adecuado de la Justicia” por lo que es “imprescindible” adoptar medidas que refuercen la planta judicial y permitan prestar un servicio público conforme a los estándares que la ciudadanía tiene derecho a esperar.

Las dos asociaciones reclaman la reposición automática de todas las vacantes por jubilación y/o fallecimientos mediante la creación anual de tantas plazas de alumnos de la Escuela Judicial para su posterior acceso a la Carrera Judicial por la categoría de Juez como jubilaciones o fallecimientos se hayan producido en el año anterior. Siempre como añadido a las plazas que ya estén previstas en los Presupuestos Generales del Estado.

Defienden que esta reposición automática es realizable puesto que no supone incremento presupuestario a tratarse de plazas ya existentes; es una medida sin impacto presupuestario neto y plenamente aplicable incluso en escenarios de Presupuestos Generales del Estado prorrogados.

Proponen también la modificación presupuestaria extraordinaria que habiliten un crédito adicional para reforzar servicios públicos esenciales que son instrumentos ordinarios de gestión, utilizados de manera habitual en la Administración General del Estado.

Exigen, además, el cumplimiento de los acuerdos adoptados en mayo de 2023 en la Mesa de Retribuciones, recuperando las 200 plazas que dejaron de convocarse en las oposiciones a las carreras judicial y fiscal de los años 2023 y 2024.