Así lo señaló José Manuel Albares en la sede de Exteriores en Marqués de Salamanca, durante su intervención en el acto conmemorativo del 10º aniversario de la Resolución 2286 (2016) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la protección de la misión médica.

Albares recordó que España impulsó el texto que celebra una década, y afirmó que su nacimiento obedeció al “clamor” de la comunidad internacional ante los ataques “sistemáticos” en lo conflictos contra hospitales, centros de salud, ambulancias o profesionales sanitarios.

La resolución se aprobó por unanimidad, tras ser copatrocinada por 85 países, dijo el ministro, que destacó que su objetivo era lograr un compromiso firme a escala internacional para “garantizar que la misión médica nunca sea un objetivo de guerra”.

Diez años después, dijo el ministro, dicho compromiso “no se cumple”, y añadió que en escenarios como Sudán, como Palestina, como Ucrania, la resolución “ha quedado reducida a una mera declaración de intenciones”.

El responsable de la diplomacia española señaló que los datos de la Organización Mundial de la Salud y de organizaciones humanitarias, como Médicos sin Fronteras “son contundentes”, y denunció que cientos de profesionales sanitarios han perdido la vida en los últimos años en escenarios de conflicto como los de Sudán, Myanmar, Palestina o Ucrania.

Para Albares, no se trata de daños colaterales, sino que “son ataques deliberados, cada vez más frecuentes, contra la población civil y contra las infraestructuras que sostienen su supervivencia”.

En la misma línea el ministro subrayó que el Comité Internacional de la Cruz Roja, Naciones Unidas, y las organizaciones humanitarias denuncian “la erosión del respeto al derecho internacional humanitario”.

Eso ha llevado, denunció, a que las investigaciones de los ataques contra la misión médica “suelen ser escasas y en muchas ocasiones completamente inexistentes”.

Los responsables de dichos ataques “es rarísimo” que comparezcan ante la justicia, dijo, y advirtió de que “el uso de nuevas tecnologías, muy especialmente los drones de bajo coste multiplican el número de víctimas civiles”.

Asimismo, el ministro alertó de la existencia de un discurso público que “llega incluso en ocasiones a justificar ataques contra las infraestructuras sanitarias en nombre unas veces de la necesidad militar, en otras en abierta contradicción con los principios humanitarios de proporcionalidad, de precaución, de distinción”.

Y en este punto, lamentó que en estos momentos el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas está “paralizado por vetos cruzados” y “no está cumpliendo su función de supervisión”.

El titular de Exteriores sentenció que “sin rendición de cuentas no va a haber protección real de la misión médica”, y remarcó que “la lucha contra la impunidad exige investigaciones rápidas, independientes, transparentes”, por parte de mecanismos internacionales “cuando los Estados no puedan o no quieran investigar”. Para ello, abogó por documentar de forma rigurosa los ataques y “un apoyo decidido a los tribunales nacionales e internacionales incluida la Corte Penal Internacional”.