Según informó la oficina del portavoz del Ejecutivo autonómico, este plan será remitido al Consejo de Ministros, que tras aprobarlo, lo remitirá al Congreso de los Diputados, donde se debatirá su declaración como nuevo parque nacional.

Cerca de 1.000 alegaciones se presentaron a este plan de ordenación, que fue expuesto a información pública durante un mes, y se desconoce por el momento que número de ellas han sido incluídas en el documento aprobado por el Gobierno castellano-manchego.

Grupos de ecologistas, sindicatos, el Partido Popular, propietarios y vecinos de la zona presentaron las alegaciones en su mayoría dirigidas al régimen de aprovechamiento de los terrenos afectados y a los límites del futuro parque nacional.

Mientras los ecologistas pedían la restricción de los aprovechamientos tradicionales, como la caza, la agricultura y la ganadería, los propietarios, sin embargo, solicitaban el mantenimiento de estas actividades.

En cuanto a los límites de Cabañeros, el plan e ordenación fija una extensión de 41.000 hectáreas, unas 16.000 más de zona protegida respecto a la superficie del actual parque natural. Entre los propietarios de las nuevas hectáreas afectadas se encuentra el Ministerio de Defensa y Alberto Cortina.