Así lo afirmó durante una entrevista en Servimedia, donde remarcó que “la única actuación que nos consta está realizando el Gobierno de España es desplazar a estos menores, a estos inmigrantes, desde las comunidades autónomas donde llegan, principalmente Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla”.

Moreno criticó que los está trasladando “de manera unilateral y sin ningún tipo de información” ni a las comunidades autónomas ni a los municipios. Además, afeó que está excluyendo de ese reparto a comunidades autónomas de las cuales “depende su permanencia en el Gobierno”, como son Cataluña y el País Vasco.

Por ello, aseguró que esta situación es “absolutamente intolerable y un problema grave de Estado”. A este respecto, matizó que “tenemos que distinguir también entre aquellos extranjeros que llegan en situación regular de los que llegan en situación irregular”.

Luego, continuó, dentro de los que llegan en situación irregular, los que llegan con documentación y algunos que llegan indocumentados, con lo cual “la expulsión para aquellos que llegan a indocumentados no se puede materializar en ningún caso”, porque “no se les puede expulsar a ningún sitio”.

La alcaldesa de Majadahonda incidió en que esta situación requiere “un trabajo coordinado y un trabajo serio” del Gobierno de España, que es el que tiene las competencias en materia de inmigración, con las comunidades autónomas. Es decir, “no se puede dedicar única y exclusivamente a trasladar, a buscarle una ubicación en centros masificados a estos inmigrantes y, además, en darles tres comidas al día y ya está”, aseveró.

De este modo, denunció que “esto no es una política seria” y reclamó que “hay que sentarse y hay que poner recursos humanos materiales”, porque “nos encontramos con casos, por ejemplo, de solicitantes de asilo, en los cuales se tarda más de un año en concederle a esa persona el estatus y la condición de refugiado, lo que impide que pueda trabajar”.

Por eso, Moreno demandó que “hay que agilizarlo”, porque también “se tarda muchísimo” en acreditar que efectivamente una persona es menor. “Toda esta información tiene que trabajarse de manera conjunta”, porque “estamos hablando de personas y estamos hablando de recursos que tienen que implementar tanto las comunidades autónomas como los municipios en materia de sanidad o de educación”.

La regidora constató que “esto no es serio” y entendió que el Gobierno de España se esté encontrando con la oposición de determinadas comunidades autónomas y ayuntamientos que “han puesto pie en pared”. “Esto no se puede seguir abordando de esta manera tan irresponsable, cuando además de ellos depende el control de las fronteras y de ellos depende el hacer y el tratar a las personas como lo que efectivamente son”.

En este sentido, recordó que hay gente que viene indocumentada, “hay una ley de extranjería que permite la expulsión de esos extranjeros. Si cometen delitos, pues igual. Todo eso está contemplado ya”, porque “la ley de extranjería no es nada nuevo, pero vamos a ponernos a trabajar de forma seria”, reclamó.

“Lo que no podemos es, sin ningún tipo de información y sin saber qué tipo de recursos hay que implementar, el trasladar a unas personas de un sitio para otro sin mayor tipo de responsabilidad y sin ningún tipo de control”, concluyó la alcaldesa de Majadahonda.