Así lo apuntó tras visitar la residencia ubicada en la Avenida Esteban Márquez, donde comentó que han acudido “para comprobar el estado y situación de sus usuarios tras las recientes denuncias e informaciones difundidas durante los últimos meses”.

La alcaldesa, que acudió a dicha visita con las concejalas de Servicios Sociales y Salud Pública, Victoria Meléndez, y de Cultura, Participación y Mayores, Sonia López, señaló que “durante este encuentro ha quedado más que patente la falta de disposición a colaborar y ofrecer transparencia por parte de los gerentes de la residencia”.

Igualmente, añadió que “nos han intentado trasladar una situación idílica en la que supuestamente existían recursos por encima de los existentes en la realidad, lo que contradice frontalmente no sólo la situación descrita y experimentada por los propios usuarios, familiares y trabajadores del centro; sino el reglamento y las normas de funcionamiento vigentes en la Comunidad de Madrid”.

De Andrés apuntó ejemplos de la “dramática situación” vivida en dicho centro, como la reciente desaparición de una mujer usuaria de dicha residencia durante el pasado fin de semana, la cual fue localizada por la Policía Municipal desorientada, lo que “denota una clara falta de seguridad y protección de sus usuarios”.

Además, criticó duramente las negativas de la gerencia a aceptar, por un lado, la propuesta que realizó hoy la alcaldesa de incorporar a los familiares en el Comité de Ética Asistencial, así como a permitir al Ayuntamiento acudir anualmente a una visita a la residencia, “en aras de hacer efectiva la transparencia que la gerencia asegura que existe en la gestión del centro”.

En este sentido, criticó “la opacidad y negativa a favorecer la participación activa de los familiares por parte de la Comunidad de Madrid”. Por todo ello, “les hemos anunciado que iniciaremos acciones legales, a través de una demanda por lo contencioso administrativo, con el fin de solucionar estas serias deficiencias en la gestión y en cumplimiento del acuerdo del Pleno de la Corporación Municipal del pasado mes de octubre en la que se instaba al Gobierno de la Comunidad de Madrid a abordar una solución a esta situación”.

En dicho acuerdo se instaba además a la Comunidad de Madrid a realizar una auditoría externa para conocer la situación real de la residencia y a dotarla de manera inmediata de los medios técnicos, humanos y materiales para ofrecer unas condiciones dignas y de salubridad a los residentes, así como a abrir una comisión de investigación para esclarecer esta situación y depurar responsabilidades políticas.

Finalmente, De Andrés se mostró rotunda: “La falta de colaboración, transparencia y sensibilidad en la atención a estos usuarios y usuarias nos obliga a acudir, una vez más, a los tribunales para defender los derechos de estos vecinos y vecinas que merecen una atención digna por parte de la Comunidad de Madrid”