En el escrito presentado por la defensa de Aldama y al que ha tenido acceso Servimedia, se indica que se facilita esta documentación para "auxiliar a la investigación" tras conocerse el informe 157/2025 de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la situación patrimonial del exministro de Transportes.

La documentación aportada por Aldama revela discrepancias entre el precio real de la operación inmobiliaria y el que finalmente se formalizó ante notario el 8 de julio de 2020 en la Avenida de la Constitución número 102 de Valencia. La compra se formalizó por 90.000 euros, pero el contrato existente en un ordenador del comisionista indica que el precio real fueron 110.000 euros.

El empresario ha trasladado al instructor del Alto Tribunal el contrato por el que Ábalos y su entonces esposa Carolina Perles adquirieron el local, una operación en la que afirma haber entregado 20.000 euros en efectivo al exministro.

PRECIO MODIFICADO A LA BAJA

La Guardia Civil detectó en su informe que la compraventa se formalizó ante notario por 90.000 euros, pese a que en el ordenador de Aldama se encontró un contrato fechado el 23 de marzo de 2020 por un precio de 110.000 euros.

El escrito de la defensa explica que esta diferencia de 20.000 euros se debe a que "no se han localizado movimientos bancarios" que pudieran constituir el pago de estas cantidades, según reconoce la propia UCO en su informe.

Aldama ha aportado una nueva versión del contrato remitida por correo electrónico el 4 de abril de 2020, en la que se modifica "a la baja" el precio de la compraventa para "acomodarse" a los 90.000 euros finalmente escriturados.

El documento fue enviado por Piedad Losada, entonces empleada de Aldama, quien en el correo electrónico indicaba: "Ahí está el contrato. He cambiado otra cosa respecto al original. Si quieres te cuento cuando lo leas".

PAGOS EN EFECTIVO

La defensa de Aldama sostiene que la modificación del contrato tenía como objetivo "adaptar el texto a la cantidad por la que se otorgaría la escritura pública" y "no dejar constancia de los pagos realizados en efectivo al vendedor".

El escrito asegura que "el precio real" de la operación era "notoriamente superior" a los 90.000 euros que finalmente se reflejaron en la escritura pública de compraventa del local valenciano.

La documentación acredita, según la defensa, "la intervención" de Aldama y de personal a su cargo en la confección de las distintas versiones del contrato, pese a que el empresario "no intervenía formalmente" en la operación inmobiliaria.

Los investigadores de la UCO habían detectado que Ábalos emitió dos cheques bancarios el 8 de julio de 2020 por un importe total de 77.215 euros para el pago del local a la empresa Metalúrgica Cerrajera del Mediterráneo.

OPERACIÓN BAJO SOSPECHA

El informe de la Guardia Civil señala que en la cuenta bancaria de Ábalos y Perles se ingresaron 50.000 euros el mismo día de la formalización, vinculados a la constitución de un préstamo para la adquisición del inmueble.

Los investigadores concluyeron que los cheques emitidos "se corresponderían con el pago de parte de los 90.000 euros", pero reconocían desconocer las condiciones del pago de los 20.000 euros restantes.

La documentación encontrada en el ordenador de Aldama incluía dos archivos de imagen que contenían el contrato de la operación inmobiliaria, lo que evidencia su conocimiento directo de la transacción. El escrito presentado busca completar la información disponible sobre esta operación inmobiliaria que forma parte de la investigación sobre el patrimonio del exministro.

INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL

La UCO elaboró el informe sobre la situación patrimonial de Ábalos en el marco de la investigación judicial que se sigue en el Tribunal Supremo por el caso que afecta al exministro de Transportes.

El documento policial analiza diversas operaciones económicas realizadas por Ábalos, entre las que se encuentra la adquisición del local comercial en la capital valenciana junto a su entonces pareja.

La defensa de Aldama ha decidido colaborar con la investigación aportando documentación que, según sostiene, clarifica las circunstancias de la compraventa y los pagos realizados en la operación.

El empresario se encuentra en prisión provisional desde su detención y ha decidido colaborar con la Justicia en diferentes procedimientos judiciales en los que se ve implicado.