La organización destacó en un comunicado que la eliminación de la edad mínima para la escucha obligatoria refuerza el derecho de los niños, niñas y adolescentes a participar en las decisiones que les afectan, especialmente en procedimientos administrativos y judiciales “donde su vida, su seguridad y sus vínculos familiares pueden verse profundamente condicionados”.

Asimismo, subrayó como relevante que la reforma obligue a motivar expresamente cómo se ha valorado el interés superior del menor y por qué una decisión protege mejor su bienestar físico, emocional y psicológico, un enfoque que considera clave para evitar respuestas “automáticas, adultocéntricas o insuficientemente adaptadas a cada situación”.

Desde un enfoque de derechos de infancia, Aldeas Infantiles SOS valoró también medidas como la prohibición de planteamientos sin base científica como el 'síndrome de alienación parental' (SAP), la creación de turnos de oficio especializados, el refuerzo de requisitos para profesionales y la posibilidad de acceder a apoyo sin el veto del presunto agresor, al considerar que pueden reducir la revictimización y mejorar la respuesta institucional.

No obstante, la organización advirtió de que este avance normativo debe ir acompañado de “recursos suficientes, estables y territorialmente equilibrados”, ya que la eficacia de la ley dependerá de que los distintos sistemas públicos cuenten con profesionales formados, equipos especializados y mecanismos adecuados de intervención.

En este sentido, Aldeas Infantiles señaló que la ampliación debe traducirse en financiación, coordinación interadministrativa y sistemas de seguimiento que garanticen que los derechos reconocidos no dependan del territorio o de la disponibilidad de recursos, con el objetivo de consolidar una respuesta pública “más garantista” frente a la violencia contra la infancia.