ASPE explica que se ha visto "obligada a acudir a la justicia tras frustrarse sus intentos de alcanzar acuerdo alguno" con estas compañías y que su objetivo es "evitar nuevos precedentes anticompetitivos y de competencia desleal desde el sector de aseguramiento de salud. El acuerdo denunciado restringe la competencia en el mercado e impone precios y condiciones, quebrando de forma unilateral los acuerdos previos de Generali con los centros sanitarios, con el único objetivo de reducir las tarifas que pagan a los centros sanitarios".

Además, añade que "tanto facultativos como centros sin concierto previo con Sanitas han quedado desconcertados del servicio a Generali, ante la desorientación de miles de asegurados que cada día dejan de ser atendidos por sus médicos habituales".

Mediante este acuerdo, ambas compañías aseguradoras pactaron que la gestión de los servicios asistenciales de los asegurados de Generali, y el pago de estos, acordados previamente entre esa aseguradora y cada uno de los centros sanitarios privados para la atención de sus 150.000 asegurados en España, pasan a ser gestionados directamente por Sanitas, otra compañía aseguradora, resolviendo de forma unilateral los contratos suscritos mencionados e "imponiendo un nuevo marco no acordado".

Así, agregó ASPE, los centros sanitarios con conciertos suscritos con Sanitas se están viendo obligados así a asistir a los pacientes de Generali con las condiciones, tanto de gestión como económicas, suscritas con Sanitas, no con Generali.

"Hay que recordar que la red de asistencia sanitaria de Sanitas, se soporta en un 99% en centros concertados, no propios. Entre otras consecuencias, el principal efecto que busca este acuerdo, de imposición unilateral, es recortar las tarifas que paga Generali a los centros, hasta un 20% más baratas al absorberse en los acuerdos de Sanitas, con mayor cuota de mercado y capacidad de negociación con los centros sanitarios, haciendo así uso de una posición en el mercado de la que carecería Generali por sí sola. En la actualidad, la cuota de mercado agregada de ambas compañías supondría el 21,5% del sector de aseguramiento de salud, lo que supone un marco de imposición a la mayoría de los centros sanitarios de toda España que no pueden permitirse rechazar la prestación del servicio para su propia viabilidad", concluyó ASPE