Así lo anunció este martes el delegado del Área de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid, Mariano Fuentes, pocas horas antes de que se agotara el plazo para que el consistorio dirigido por José Luis Martínez-Almeida presentara dicho recurso.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Madrid decretó su cierre por deficiencias en la concesión de la licencia tras un recurso presentado por la Asociación de Madres y Padres del colegio en contra de la resolución municipal que permitió la apertura de esas cocinas al lado del patio de la escuela.

En concreto, el 31 de marzo de 2021 la Agencia de Actividades de la Subdirección General de Actividades Económicas del Ayuntamiento de Madrid concedió la licencia urbanística para "la elaboración y venta de platos preparados con zona de ventas y recogida, obras de acondicionamiento puntual y obras exteriores" en el inmueble.

Al estimar el recurso, el Juzgado anuló la resolución "por no ser ajustada a derecho" y condenó a la parte demandada al pago de las costas del proceso.

“El Ayuntamiento de Madrid recurrirá la sentencia de la cocina industrial de Alejandro Ferrant, 8 porque así lo aconsejan los servicios jurídicos”, explicó Fuentes, quien sostuvo que no es necesario el informe medioambiental exigido por el juez.

“Por seguridad jurídica recomiendan recurrir”, aseguró el delegado de Urbanismo, quien explicó también que la sentencia echa en falta un informe jurídico que sí que fue presentado.

Sin embargo, aseguró que el Ayuntamiento revisará toda la licencia porque sí existe una duda respecto a los antecedentes del local, por si pudo haber un cambio de uso en los años 60. “Se estudiará toda la documentación y si se comprueba que ese cambio de uso existió se anularía la licencia”, concluyó.

La asociación que interpuso el recurso celebró nada más conocer la decisión judicial que esas cocinas industriales hayan sido consideradas "ilegales a nivel técnico así como cuestionables a nivel ético", puesto que la sentencia "concluye que existe peligrosidad derivada de su instalación, sobre todo, al haber sido ubicadas al lado de un colegio".

En caso de que el Ayuntamiento de Madrid no hubiera recurrido, explicaron los demandantes, la sentencia hubiera sido firme y las cocinas tendrían que cerrar de manera inminente. “Nos tocará seguir luchando por la vía legal para que cierren las cocinas fantasma. Eso sí, con una primera sentencia que condena rotundamente las formas de concesión de la licencia, la ausencia de informes y garantías y la peligrosidad de las instalaciones para las 900 niñas y niños del Unamuno y el vecindario", aseguraron los demandantes.