Así lo expresó en respuesta a la petición del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid para que se amplíen las oficinas que puedan ofrecer asistencia a quienes se quieran beneficiar de esa regularización que el PSOE estimó en 120.000 personas.

“Cuando se hace una chapuza, la chapuza nos alcanza a todos, y el proceso de regularización es una auténtica chapuza, que no obedece a una convicción real del Gobierno de España acerca de la necesidad de integrar a estas personas, sino a una necesidad política pactada única y exclusivamente con Podemos”, reprochó.

En ese sentido, criticó a la dirigente de Podemos Irene Montero quien aludió recientemente y de forma irónica a la teoría del ‘Gran reemplazo’ para que los migrantes que se regularicen sustituyan a “fascistas” y “racistas”. “Parece increíble que esto se acordara con Podemos bajo la teoría del gran reemplazo, que es una teoría nazi, porque así hay que decirlo, es una teoría nazi esbozada y afirmada por Irene Montero”.

En cualquier caso, replicó que es precisamente el PSOE el que debería dirigirse al Gobierno de España para tratar esta cuestión porque “no le puede traspasar la responsabilidad al Ayuntamiento de Madrid cuando el Ayuntamiento no tiene “ningún conocimiento, ni notificación oficial o fehaciente de los extremos del proceso de regularización” y de qué en su caso “lo que tendría que hacer” el Ayuntamiento “en el ámbito del proceso de regularización”.

“A nosotros no se nos ha dirigido nadie del Gobierno de España. Por tanto, al Grupo Municipal Socialista le digo, y a Reyes Maroto, que hable con el Gobierno de España y le exija al Gobierno de España todos los trámites que haya que hacer respecto a estas personas”.

Almeida subrayó que el Ayuntamiento “va a cumplir escrupulosamente con la legalidad vigente en todo momento y por tanto va hacer todo aquello que la norma diga que corresponde a los ayuntamientos”.

Finalmente, reiteró que la forma en la que se ha procedido para la regularización es “una chapuza” que los propios migrantes “no merecen que se haya hecho” así, con una “continua improvisación”; y criticó el intento de “traspasar a los ayuntamientos y las comunidades autónomas” la “responsabilidad” sobre esta medida.