La multa, impuesta tras un proceso de investigación motivado por una denuncia de la organización de consumidores Facua-Consumidores en Acción, especifica que el Ministerio ha detectado varias “prácticas fraudulentas” como la “imposición” de un supuesto servicio de atención al inquilino que disfraza el cobro a los arrendatarios de gastos que debe soportar el propietario del inmueble, la obligación de contratar un seguro del hogar cuestión que también y un estudio de solvencia económica, así como imitar el derecho de desistimiento del contrato e imponer a los inquilinos todos los gastos derivados de posibles reclamaciones judiciales o extrajudiciales”.

Estas mismas fuentes consideran que esta multa tiene una motivación "ideológica" y por ello creen que el recurso prosperará. Por otra parte, el CEO de Alquiler Seguro, David Caraballo, afirmó el pasado mes de marzo, cuando se conoció que Consumo estaba investigando a la empresa por supuestas prácticas fraudulentas, que la empresa cumple "a rajatabla" con la Ley de Vivienda.

"Somos flexibles a los cambios y aceptamos cualquier propuesta de mejora, estamos abiertos a cambiar cualquier proceso para ser más claro”, indicó Caraballo, quien manifestó que los gastos adicionales a los que se puede enfrentar el inquilino "son voluntarios y hacen referencia a servicios como protección jurídica o frente a incidencias".

Por último, indicó que los gastos de gestión van a cargo del propietario, "tal y como se manifiesta en el contrato de prestación” y recordó que solo piden dos mensualidades de garantía, "tal y como marca la ley".