“El acceso a la vivienda es un problema que nos preocupa a todos, pero las medidas que ha desplegado el Gobierno central para tratar de solucionarlo lo que están haciendo es agravar la situación. Desde la aprobación de la Ley de Vivienda en mayo de 2023, la oferta de vivienda en alquiler no ha dejado de reducirse, con la consiguiente subida de los precios que eso conlleva”, señaló Carroza, quien indicó que la realidad es que los precios del alquiler se sitúan en máximos, lo que pone en riesgo la estabilidad de las familias y el acceso a una vivienda para los más jóvenes.

Carroza recordó que vivir de alquiler en España cuesta ya más de mil euros de media, y en algunos territorios como Baleares o Barcelona supera los 1.600 euros. "El derecho a disfrutar de una vivienda digna viene recogido en nuestra Constitución, que obliga a los poderes públicos a generar las condiciones necesarias para que sea así. Sin embargo, el presidente del Gobierno confunde la política social de vivienda con el mercado libre de la oferta y la demanda”, recalcó.

Asimismo, lamentó los tímidos avances del gobierno en materia de construcción de vivienda pública. "Este tipo de hogares siguen estancados en el 3% del parque inmobiliario en España, muy lejos de la media europea, que asciende al 9%. Es el deber del Gobierno promover vivienda asequible para garantizar una solución para las familias y los colectivos más vulnerables”, aseveró Carroza.

También lamentó en que el Gobierno de España sigue insistiendo en la intervención del mercado como solución a este problema. “Esta norma no está funcionando. Lo verdaderamente necesario sería un pacto de Estado que genere un verdadero consenso social y que tenga en cuenta las reivindicaciones del sector”, añadió.

100.000 VIVIENDA

Por último, Alquiler Seguro señaló que la Ley de Vivienda ya se ha demostrado "ineficaz" para promover la oferta. "Este 2025 se espera que salgan al mercado del alquiler en torno a 100.000 viviendas menos que el año pasado", lamentó Carroza, quien lamentó que el Gobierno promueva las zonas tensionadas.

“Lo peor es que el Gobierno sigue sin ofrecer soluciones reales e incitando a más territorios a poner en práctica esta medida que no está funcionando. Comunidades autónomas como País Vasco, Navarra o Galicia ya han declarado zonas tensionadas en sus territorios. Mientras tanto, seguimos sin avanzar en el desarrollo de un parque público de vivienda en alquiler que realmente pueda servir para mejorar esta situación”, concluyó