A su juicio, lo que ha hecho el Ejecutivo es entregar “lo que constituye la piedra angular de nuestro estado social y democrático de derecho”, citando el sistema de Seguridad Social “único y unitario que garantice la igualdad de todos los ciudadanos en el acceso a la protección y en la asunción de las cargas que su mantenimiento precisa”.

El comunicado, suscrito por la Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social, el Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, la Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de la Seguridad Social y la Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores de la Administración de la Seguridad Social.

Estas organizaciones indicaron que esta transferencia “atenta” contra la Constitución, que contempla un régimen “único y unitario” de Seguridad Social.

Para garantizar dicha igualdad, la misma Constitución atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, bajo los principios de solidaridad financiera y caja única de titularidad estatal que se integra no solo por la titularidad, recaudación y administración de los recursos financieros del sistema sino también por el reconocimiento y pago de las prestaciones de Seguridad Social en cuanto obligaciones imputables a dicha caja.

Además, advirtieron de que “la transferencia anunciada supone un paso más, en un proceso que se anuncia como irreversible”, ya que no solo incluye el subsidio, de carácter asistencial sino la propia prestación de desempleo, de carácter contributivo. Esto significa, en su opinión, que una vez completado lo que los firmantes denominan este "primer bloque", se continuará con el resto de las prestaciones contributivas como las pensiones de viudedad, jubilación o incapacidad permanente, o los subsidios de incapacidad temporal o nacimiento o cuidado de menor.

“Sostener que la mera conservación por el Estado de la competencia normativa sobre las prestaciones de Seguridad Social, las de desempleo o cualquier otra, ya es suficiente para garantizar la igualdad de todos los ciudadanos españoles y la integridad de la caja única, pudiéndose ceder a las comunidades autónomas su gestión y ejecución, supone un total desconocimiento de lo que, en realidad y más allá de formalismos y consignas, supone verdaderamente esa gestión”, añadieron.

Todo ello derivaría, según estas asociaciones, en la “sustitución de nuestro actual sistema de Seguridad Social, único e igual en derechos y deberes para todos los ciudadanos, trabajadores, empresarios y beneficiarios, por otros tantos, repartidos, fragmentados y dependientes de cada una de las comunidades autónomas”.

“El Estado ni puede ni debe renunciar a sus competencias atribuidas constitucionalmente sino, todo lo contrario, reforzar y garantizar las mismas mediante la creación de una Agencia Estatal de la Administración de la Seguridad Social integrada por cuerpos de funcionarios de carácter naciona. Solo así se garantizarán la uniformidad del sistema y la igualdad de todos los ciudadanos, propósito con el que las asociaciones firmantes reiteramos nuestro más firme compromiso y por el que apelamos a la responsabilidad de los diferentes partidos políticos y agentes sociales”, concluyeron.