Así se recoge en un nuevo informe publicado hoy por Amnistía Internacional, que denuncia "el papel central del poder judicial" en el mantenimiento de la represión de las libertades fundamentales por parte de las autoridades de Pekín.

Titulado ‘How could this verdict be ‘legal’?’ ('¿Cómo puede ser este veredicto real?', en español), este informe se publica el Día Nacional de China y analiza más de 100 documentos judiciales oficiales de 68 casos que afectaron a 64 defensores de los derechos humanos en la última década.

En él, se expone con detalle cómo los tribunales chinos refrendan declaraciones de culpabilidad contra personas que ejercen activismo pacífico, periodistas, profesionales del derecho y personas corrientes, "a menudo a causa de sus palabras, sus relaciones o sus contactos internacionales".

“A los dirigentes chinos les gusta emitir un mensaje de cooperación internacional y compromiso con el Estado de derecho. Sin embargo, la realidad es que esto enmascara un sistema en el que los tribunales de China, cuando tratan casos políticamente delicados, funcionan como instrumentos de represión, no como instrumentos de justicia”, afirmó Sarah Brooks, directora del equipo de trabajo sobre China de Amnistía Internacional.

En su opinión, “las personas que defienden los derechos humanos en China son tratadas como enemigas del Estado simplemente por alzar la voz, organizarse de forma pacífica o relacionarse con el mundo exterior". "Su valentía recibe como respuesta prisión, tortura y simulacros de juicio", criticó.

En más del 90% de los casos analizados en la investigación de Amnistía, los tribunales utilizaron disposiciones relativas a la seguridad nacional o el orden público "imprecisas, excesivamente amplias y que se contradicen con las normas internacionales".

Con mucha frecuencia se formularon "cargos tales como subversión del poder del Estado, incitación a la subversión o provocar peleas y crear problemas”, explicó AI, que permiten a las autoridades "criminalizar la expresión y asociación pacíficas".

Según el informe, los tribunales tratan con frecuencia la expresión online —incluidos la publicación de blogs, los comentarios en redes sociales o la difusión de artículos sobre derechos humanos— como prueba de “subversión”.

Asimismo, las relaciones internacionales se citan habitualmente como actividad criminal, prosiguió, y la concesión de entrevistas a medios de comunicación extranjeros, la publicación de artículos en sitios web extranjeros o la asistencia a sesiones de formación impartidas por ONG en otros países se presentaron como "prueba de connivencia con fuerzas extranjeras”.

Mientras tanto, "se viola sistemáticamente el derecho a un juicio justo", señaló AI, que añadió que también se niega a los acusados el acceso a abogados de su elección; se les somete a prisión preventiva prolongada, o se les impone “vigilancia domiciliaria en un lugar designado”.

De acuerdo con Amnistía, se trata de "una práctica que constituye desaparición forzada y puede constituir tortura y otros malos tratos".

En 67 de los 68 casos examinados en los que se dictó sentencia, ésta fue condenatoria. Todas las personas acusadas salvo tres fueron condenadas a penas de entre 18 meses y 19 años de prisión.

En definitiva, "los tribunales chinos equipararon sistemáticamente las críticas al gobierno con amenazas a la seguridad nacional", concluye.