Los firmantes, entre los que figuran Amnistía Internacional, CEAR y Red Acoge, instaron al Ejecutivo a dictar una instrucción urgente a la Oficina de Extranjería de València, para que se exima del requisito del empadronamiento para acceder a la regularización a estas víctimas de la dana.

Desde la aprobación de esta medida extraordinaria el 11 de febrero, organizaciones y colectivos de migrantes han reclamado que se permita la presentación de documentación alternativa al padrón para probar la residencia efectiva en alguno de los municipios damnificados con anterioridad al 4 de noviembre.

Sin embargo, la Oficina de Extranjería ha insistido recientemente en que para resolver las solicitudes ha de constar el empadronamiento actual en un municipio de la provincia de València.

Unos 14.000 vecinos y vecinas (que disponen de pruebas de residencia en las zonas afectadas antes del 4 de noviembre (tarjeta sanitaria, certificados de escolarización, recibos de suministros, informes de servicios sociales, etc.),“quedarán condenados a permanecer en situación administrativa irregular si no se admiten estos documentos”, advirtieron las Ong.

Explicaron que las dificultades para acceder al empadronamiento son numerosas y, en ocasiones, “resultan “insalvables para las personas en situación de mayor vulnerabilidad, como aquellas que carecen de permisos de residencia y trabajo”.

“Viven en habitaciones alquiladas, en bajos sin cédulas de habitabilidad, en infraviviendas o incluso en situación de calle”, apuntaron, y “carecen de un contrato de arrendamiento o de permiso de los propietarios y propietarias para empadronarse”.

A su juicio, los ayuntamientos deberían empadronarlas en centros municipales como casos especiales, tal como establece la normativa del padrón.

Sin embargo, muchos municipios no contemplan esta modalidad, y otros se demoran hasta un año en conceder el empadronamiento especial.

Por todo ello, las ONG exigieron que todos los ayuntamientos de las zonas afectadas por la dana dispongan del modelo normalizado de informe de residencia efectiva y que emitan estos informes teniendo en cuenta las pruebas de vecindad que aporten las personas solicitantes de la regularización, más allá de si fueron usuarias o no de los recursos municipales.

Además, solicitaron prorrogar el plazo para poder presentar las solicitudes, dado los problemas burocráticos existentes en diversos países de origen para obtener la acreditación de ausencia de antecedentes penales.