Así se recoge en un informe publicado hoy por la organización bajo el título ‘We all need dignity: The exclusion of persons with disabilities in Türkiye’s earthquakes response' ('Todos necesitamos dignidad: la exclusión de las personas con discapacidad en la respuesta a los terremotos de Turquía').

En este informe, AI documenta la vida actual de las personas con discapacidad en “refugios inadecuados”, la falta de accesibilidad de letrinas, duchas e instalaciones básicas; la suspensión de programas de rehabilitación y de servicios sanitarios básicos; la ausencia de artículos de apoyo, y la dependencia que estas personas tienen de sus familias para acceder a los repartos de alimentos y de material de higiene.

Además, critica que la respuesta a la catástrofe dada por las autoridades y los agentes humanitarios “socava su dignidad y su derecho a la salud”.

CONSECUENCIAS

Durante los potentes terremotos que sacudieron Turquía en febrero de 2023, más de 48.000 personas perdieron la vida y más de 100.000 resultaron heridas -muchas de ellas sufrieron amputaciones u otras lesiones que dejan secuelas permanentes-.

Unos 3,3 millones de personas fueron desplazadas, de las que 2,3 millones se refugian en campamentos de tiendas y asentamientos informales. Según una evaluación conjunta del Gobierno turco y la ONU, se prevé que hasta un 70% de las personas heridas que han sobrevivido al terremoto sufran alguna discapacidad.

"El sufrimiento de las víctimas aumenta en estos casos, pues padecen el abandono añadido en la respuesta humanitaria”, denunció Matthew Wells, director adjunto de investigación del Programa de Respuesta a las Crisis de Amnistía Internacional.

Según explicó, “la respuesta indiferenciada a la hora de proporcionar refugio de emergencia no tiene en cuenta las necesidades específicas de las personas con discapacidad para vivir con dignidad, e impide a muchas el acceso a la ayuda humanitaria en igualdad de condiciones”.

Por ello, instó al Gobierno de Turquía y a los agentes humanitarios, incluidos los donantes internacionales, a tomar “medidas urgentes para garantizar una respuesta humanitaria que tenga en cuenta a todos los supervivientes, también aquellos que tienen discapacidad”. “Se deben abordar sus necesidades y proporcionarles el apoyo especializado que necesitan”, reclamó.

CONCLUSIONES

El informe se apoya en las visitas que el personal de AI realizó a las provincias de Adiyaman, Gaziantep, Hatay y Kahramanmaras, en el sur de Turquía. Entre marzo y abril de 2023, los investigadores realizaron 131 entrevistas a sobrevivientes de los terremotos, con las que documentaron la experiencia de 34 personas con discapacidad (10 mujeres, 15 hombres y 9 niños).

Entre los entrevistados, había 19 personas con distintos tipos de discapacidad, 26 familiares, y 13 trabajadores y trabajadoras humanitarios de los equipos de respuesta.

La investigación confirmó que en ninguno de los 21 lugares que visitó Amnistía las personas con movilidad reducida podían acceder a las instalaciones de saneamiento comunes, situación que se repetía de forma generalizada. Necesitan de la ayuda de sus familiares para usar las letrinas, y muchos adultos se ven forzados a usar pañales, lo que “atenta contra su autoconcepto y su dignidad”, advirtió AI.

Otro de los efectos de estos terremotos fue la interrupción en los servicios de rehabilitación y de tratamiento especializado para estas personas. También se han suspendido muchas terapias y recursos dedicados a la salud mental, y denunció la falta de artículos básicos para personas con discapacidad como sillas de ruedas, bastones, muletas, etc.

El informe subraya además “la urgencia de ampliar los servicios de salud mental y de apoyo psicosocial para abordar las necesidades existentes y futuras” y alerta de que casi todas las personas con discapacidad dependen de sus familiares para recoger los alimentos y los kits de higiene que reparte la ayuda humanitaria.

En sus páginas, Amnistía afirmó ser consciente de la dimensión y la gravedad de la crisis humanitaria causada por los terremotos, pero instó a “respetar plenamente los derechos de las personas con discapacidad, “con independencia de la envergadura de la emergencia”.